Proceso final para nueva Corte Suprema de Justicia
Independencia y recuperación patria
Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza (*)
Finalizado el duro trabajo de la Junta Nominadora que, a pesar de muchos pronósticos realizó una labor ardua, lo más abierta y transparente posible, con sus altas y sus bajas, sin llegar a la perfección que solo existe en Dios pero que superó con creces la faena realizada por la última JN que eligió a la todavía actual Corte Suprema de Justicia y una vez que el listado definitivo esté en manos del soberano Congreso Nacional, entraremos los hondureños al último capítulo de este proceso que conlleva la elección de nuevos responsables del Poder Judicial y será el órgano Legislativo, órgano político por excelencia, el que tenga la última palabra y responsabilidad histórica de seleccionar 15 colegas que asumirán sobre sus hombros el peso de la restauración del prestigio y eficiencia de dicho poder del Estado.
No hay duda que en una selección tan importante para el país existirán quienes estén a favor de la tarea cumplida por la Junta Nominadora y quienes no, unos por razones personalísimas, otros por dudas en cómo se manejó todo el proceso, los excluidos en las diferentes etapas, aunque hay que señalar que varios indicaron aceptar el resultado, los que se sientan mancillados en su honor, que tienen derecho a defenderlo, los que por cuestiones meramente políticas fueron posiblemente separados del listado final que irá al CN, en fin, no hay manera de satisfacer a todos y todas cuando existe una Ley Especial, requisitos, limitaciones temporales y una obligación de construir una lista de al menos 45 profesionales del Derecho para ocupar tan solo 15 puestos que finalmente serán los elegidos por los partidos políticos de nuestro país en tan noble labor. Hay que decir que asumir una responsabilidad en la Junta Nominadora implicaba el saber que era una función ingrata de la que solo le queda a sus miembros, la satisfacción del deber cumplido, si se hizo el mismo teniendo en mente los más altos intereses de la patria.
Personalmente creo que cumplieron con su deber patriótico por demás complicado y de su experiencia habrá que recoger el aprendizaje necesario para mejorar dentro de 7 años y más allá, el trabajo de las siguientes juntas nominadoras y afinar el proceso cada vez más de modo tal que, en el futuro no existan dudas o las quejas sean las menos posibles, ya que queda siempre espacio para mejorar y es obvio que el registro de lo que se hizo durante este tiempo quedará ahí para aquellos que quieran acometer su empeño en una próxima oportunidad después que haya transcurrido el período constitucional de la Corte que asumirá el Poder Judicial después de su elección por el cuerpo de legisladores de la nación.
Ahora es indispensable señalar también que le corresponde a las bancadas de los partidos en el Congreso hacer la elección correspondiente y que, ahí entran en juego varios factores como ser, el deseo del Ejecutivo (Libre) de tener una Corte a su medida y discreción, la aspiración de tener una mayoría en la misma y de elegir al presidente o presidenta que más se acerque a sus intereses, la aspiración de los otros partidos de estar representados también, en particular, de la otra bancada mayoritaria en el Legislativo como lo es la del Partido Nacional, el Liberal, mi partido, si los diputados actúan con sagacidad buscarán ser el fiel de la balanza y dejar clara una posición histórica que les diferencie de las otras dos bancadas y, el PSH, deberá actuar también con inteligencia política si aspira a tener al menos un representante o ser importante en la decisión final.
Lo cierto es estimado lector que la negociación política es inevitable y que veremos sus resultados en las sesiones que tome el Congreso Nacional para elegir a los 15 magistrados, que existirán como ya existen, estiras y encoges, que participarán queriendo influir otros intereses, de gente de la empresa y de los bufetes grandes que les representan, pero particularmente de una persona que será el gran negociador, el señor “Mel” Zelaya, quien busca asegurar el poder más allá del período presidencial de su esposa, y quien en ese afán será también el gran distorsionador de todo el proceso, aunque los libros de historia señalarán con nombre y apellido a los 128 diputados propietarios y suplentes como responsables directos de la elección, de manera tal que pagarán el precio de una decisión acertada o desacertada.
Ahora, lo que el pueblo hondureño espera en primer lugar es que exista un Poder Judicial y una CSJ independiente, transparente, equilibrada, vigilante del cumplimiento de la Constitución y las leyes, garante de un Estado de derecho fuerte, eficiente en la impartición de justicia, neutral con los litigantes y sus apoderados legales, interesada en dar así como decía Ulpiano “a cada cual lo suyo”, lo que le corresponda, con jueces investidos de autoridad moral y legal pero también de seguridad y estabilidad en el desempeño de sus funciones sin que una espada de Damocles penda sobre sus cabezas y se las cercene si fallan los juicios de tal o cual manera, que ejemplifique el control recíproco de los poderes del Estado en aplicación inclaudicable del Art. 4 Constitucional.
Es por eso que el llamado final es y debe ser a los diputados, representantes del pueblo quienes tienen la gran oportunidad de reivindicar a la clase política del país, de cumplir con esa alta responsabilidad de manera honorable y justa para la ciudadanía pues de su decisión, depende el presente y el futuro de Honduras.
(*) Abogado y notario. Catedrático Universitario
