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23 de enero de 2023
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12:04 am
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ENTAH

Por: Rodolfo Dumas Castillo

Solo en el año 2020 la corrupción le robó a Honduras aproximadamente tres mil millones de dólares. Las demoledoras consecuencias de ese asqueroso latrocinio las seguimos y seguiremos pagando por mucho tiempo. Actualmente el proceso para instalar la Cicih avanza (muy lentamente) y la lucha contra la corrupción sigue enfrentando barreras que resulta difícil comprender como no se han eliminado después de un año de gobierno; por ejemplo, los decretos 116-2019, 57-2020, 93-2021 y el Código Penal. En todo caso esos temas tienen que ver con la persecución de la corrupción, que es urgente y necesaria, pero no contribuyen a prevenirla.

Está comprobado a nivel mundial que los esfuerzos por prevenir la corrupción son más eficaces y cualquier inversión en estos rinde mejores beneficios que persistir únicamente en la persecución penal, sobre todo porque estas pocas veces logra reparar adecuadamente los daños causados. Es por ello que ahora existen corrientes jurídicas globales tendientes a implementar reformas y crear mecanismos de gestión de riesgos, muchos de ellos mediante sistemas debidamente estructurados para identificarlos, establecer las normas de conducta para evitarlos y los procesos para reaccionar cuando se presenten, incluyendo las acciones que procedan para sancionarlos cuando se materializan. Dentro de los más eficientes es el compliance o cumplimiento normativo, mismo que requiere un compromiso firme con la cultura de legalidad, la ética y la transparencia.

Sin embargo, para lograr que esos mecanismos sean ampliamente aceptados, es indispensable primero crear un entorno nacional que reconozca la importancia de la transparencia y que promueva la integridad. En un mundo ideal se conformaría un sistema nacional de integridad que abarcaría todos los sectores (públicos y privados), con la suscripción de compromisos con la ética y la primacía de la legalidad. Muchos países los han implementado y no existe ninguna razón que impida que Honduras también lo haga. Cualquier agenda anticorrupción comprende factores como la integridad, el acceso a la información y la transparencia, y la regulación que contribuye a la prevención y supervisión. En Honduras, para atender el factor de integridad se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Consecuentemente, en el marco de sus funciones, dicha secretaría elaboró un instrumento denominado “Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH)”. Este fue construido por ese ministerio en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Undoc) y contiene mecanismos que serían sumamente útiles para prevenir la corrupción, no solo perseguirla o castigarla. Este incluye elementos como gobierno abierto, transparencia (municipal, fiscal, electoral, legislativa y en el sector infraestructura), acceso a la información pública, cultura de denuncia y promoción de la integridad, siendo esta última una tarea que implica considerable esfuerzo en educación, es decir, que requiere de un trabajo coordinado del Estado junto a la academia, organizaciones sociales y profesionales, empresa privada y cualquier otra que comprenda la urgente necesidad de fomentar esos principios de manera transversal y, sobre todo, desde la niñez.

A pesar de que el ENTAH fue anunciado y publicado desde agosto del año pasado, a esta fecha el Poder Ejecutivo aún no ejecuta su aprobación e implementación. Entendemos que este tipo de instrumento no terminarán con la corrupción, pero precisamente porque su combate es tan complejo, todas las acciones para contrarrestarla son urgentísimas, no admiten pretextos de falta de tiempo o de ninguna naturaleza. La labor de educar y de crear una cultura que rechace toda forma de corrupción no ocurre de la noche a la mañana, es una tarea que exige dedicación intensa y permanente, debe ser metódica y sostenida, con la finalidad de construir un ambiente hostil para la deshonestidad y que permita recuperar la cultura de legalidad que lastimosamente hemos perdido. Seguiremos atentos a la aprobación de esta iniciativa que contribuirá a logar ese anhelo general de superar los violentos y groseros efectos que genera la corrupción para el presente y el futuro del país. La decisión está en manos de la Presidenta de la República; cada día de atraso en su aprobación es tiempo que favorece a los corruptos.

Correo: [email protected]

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