Carlos López Contreras
El candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos de América el 20 de enero del 2021. Pocos días antes, el Capitolio había sido víctima de un asalto violento sin precedentes por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump, quien sostenía que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas en determinados estados, dando lugar a una victoria fraudulenta al candidato demócrata.
Los seguidores del presidente Trump irrumpieron en el Capitolio, cometiendo actos de violencia y amenazas contra los parlamentarios, que derivaron en muertes de agentes de la seguridad. El supuesto propósito del asalto era presionar a los diputados para que abrieran una investigación sobre la transparencia de las elecciones.
El asalto fue controlado por las autoridades de la seguridad del Congreso y, transcurridos dos años desde que se produjeron esos actos reñidos con el respeto a las instituciones y a la paz pública, prosiguen las acciones penales contra los responsables materiales e intelectuales de las acciones delictivas.
Un año más tarde en nuestro país, en enero del 2022, una parte del partido que ganó las elecciones, la más radical, también haciendo uso de la violencia contra las instituciones y, según circuló, cumpliendo órdenes de Casa Presidencial, atacó con patadas y puñetazos a la junta directiva provisional del Congreso Nacional, la cual estaba presidida por emblemáticos dirigentes del Partido Libre como Jorge Cálix y Beatriz Valle, quienes obtuvieron una abrumadora e indiscutible mayoría de votos.
Para evitar que esa junta directiva provisional fuera confirmada en propiedad, de nuevo según trascendió, casa presidencial ordenó el asalto de los bajos del palacio legislativo, a sus “colectivos”, emulando el modelo chavista de represión popular, con el fin de impedir que al día siguiente entraran en el hemiciclo los 20 diputados disidentes del Partido Libre y los 70 diputados de otros partidos que los apoyaban.
Lo ocurrido en el Capitolio el 2021, respondía a los intereses de un partido que salía del poder al perder las elecciones. Lo que pasó en Honduras un año más tarde, era al revés: fue el partido que ganó las elecciones el que utilizó la violencia para impedir que el Congreso eligiera su junta directiva en propiedad de modo transparente, en libertad y conforme a derecho. Paradójicamente, el Ejecutivo que comanda las fuerzas del orden, en lugar de garantizar la seguridad de todos los diputados y su libre acceso al hemiciclo, mandó impedir ese acceso, mediante los “colectivos”. En otras palabras, el Ejecutivo intervino con violencia el Poder Legislativo para imponer una junta directiva que le resultara complaciente, en violación de la Constitución y de la ley. El resultado es una junta directiva putativa, de facto… al extremo que la Presidente Castro optó, en el estadio nacional, por ser juramentada por una juez, antes que por un presidente del Congreso cuya legalidad es altamente cuestionada. La juramentación por la juez fue comprobada por el pueblo hondureño y por los observadores internacionales. Pero la condición de junta directiva de facto no podrá eliminarse si no es por medio de una elección abierta, en libertad, con seguridad para todos los diputados y con transparencia, cumpliendo los requisitos legales.
Este hecho abusivo y la secuela de persecución política de que fueron objeto muchos diputados, proyecta una lamentable imagen de gobierno represivo y sin escrúpulos de la Presidente Castro.
El gobierno del presidente Joe Biden seguramente trata de conciliar su posición doméstica de condenar el asalto al capitolio para imponer un resultado sobre las elecciones presidenciales de su país y callar ante la imposición del gobierno de la Presidente Castro sobre el Congreso Nacional, mediante la intimidación, la violencia y el asalto al Congreso Nacional.
Todo lo anterior es conveniente traerlo a la memoria con motivo de la próxima elección de los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Todos queremos que sea una elección transparente, conforme a derecho, sin imposiciones, pero ya está anunciado un nuevo asalto a los bajos del Poder Legislativo.
Dios salve a Honduras.
