¡Necesitamos una CSJ que brille para Honduras!
Óscar Lanza Rosales
Para entrar en materia, sobre el título de este artículo, haré una introducción de lo que establece nuestra Constitución de la República, en su artículo 4: “La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa y se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”. Entendiendo por republicano, porque es el pueblo, el que tiene el poder soberano; democrático, porque es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como lo parafraseó Abraham Lincoln; y representativo, porque el pueblo gobierna por medio de sus representantes.
En este sistema, elegir al presidente del Poder Ejecutivo y sus designados, y los diputados al Congreso Nacional (CN), no hay problema si los elegimos, con nuestro voto directo como ciudadanos, en unas elecciones justas, libres y transparentes. Donde sí hay problemas es para constituir el Poder Judicial, con la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -que es su máxima autoridad- en una elección de segundo grado.
El artículo 311 de nuestra Constitución, faculta al CN, que es un poder político, a elegir los magistrados de la CSJ, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de 45 candidatos propuestos por la Junta Nominadora (JN) -que dicho sea de paso- la actual, ha realizado un trabajo excelente en la escogencia de los candidatos, entre los cuales el CN va a elegir los 15 magistrados, que se van a elegir hoy para que integren la próxima CSJ, para un período de 7 años.
Por esa forma de nombrar a los magistrados de la CSJ, es que nace en nuestro medio un organismo subordinado y comprometido con la clase política que los eligió. Y nuestros políticos son tan atrasados, inescrupulosos y descarados que, cuando existía el bipartidismo (liberales y nacionalistas), se repartían esos 15 magistrados de la CSJ, 8 para el partido ganador y 7 para el perdedor. Y dentro del Partido Liberal, quien negociaba con frecuencia esa Corte, era el finado don Jaime Rosenthal -con gran liderazgo en el partido- que le convenía tenerla a su favor para defender sus intereses económicos.
Por ese motivo, desde que nos independizamos de España, por lo general, casi siempre hemos tenido un Poder Judicial débil, impotente, subordinado a los otros poderes, a tal punto que los hondureños lo hemos considerado el poder ceniciento. Contrario a lo que sucede en los países más desarrollados del planeta, como Noruega, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Singapur y Canadá, para citar algunos, cuyo sustento de su sistema democrático reside en la fortaleza e independencia de su Poder Judicial. Pueden tener fallas visibles, su Poder Ejecutivo y parlamentos, menos el Poder Judicial, cuyo desempeño, se trata de que sea inmaculado, porque es el que le da continuidad y permanencia al sistema.
Según la doctora Mirte Postema, de la Fundación del Debido Proceso, la independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de derecho. Varios instrumentos internacionales, así como la jurisprudencia interamericana, establecen la independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, un principio fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos, contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Carta Democrática Interamericana también establece que los elementos esenciales de la democracia representativa (…) la separación e independencia de los poderes públicos y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
Postema señala, que un estudio reciente concluye que en Centroamérica persisten serios problemas de independencia y transparencia.
Ella recomienda, que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas y tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
Según ella, para garantizar la mayor idoneidad de los magistrados y magistradas, se requiere un perfil, con al menos 12 características, que ella enumera.
Los hondureños nos conformaríamos, que los diputados para ejercer su función patriótica, si la tienen, por los menos consideraran de los candidatos -independientemente de su color político, sexo, raza o religión- 5 de estas características: su independencia e imparcialidad; honorabilidad; conocimiento jurídico notable; y su compromiso con el país, la institucionalidad del Poder Judicial, la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia.
Queremos que los futuros magistrados brillen, no por ser de Libre, liberales o nacionalistas, sino que por Honduras.
