Por: Fernando Berríos*
Qué tragedia vivir en el país en el que ya nada nos asusta. Todos nuestros indicadores sociales, democráticos, económicos y de seguridad, van en picada, pero pocos actores de la sociedad parecen estar conscientes del colapso social al que nos enfrentamos.
Como sociedad seguimos ocupados en la política vernácula, sucia y despiadada. Nos entretiene más el show y cada disparate salido de la boca de cuanto político demagogo surge con ínfulas mesiánicas o redentoras.
¿Qué estaremos haciendo tan mal como país para que, solo el año pasado, más de 94,000 hondureños hayan sido repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala?
¿Qué cuota de responsabilidad tiene en este éxodo masivo el gobierno, la empresa privada, la comunidad internacional, el crimen organizado, las iglesias, las organizaciones civiles?
La cifra es alarmante para todos menos para los mismos hondureños. De hecho, ni siquiera fue titular de portada en los principales medios de comunicación.
¿Dónde quedó ese papel de auditores sociales, de analistas del entorno social, de faro en la oscuridad y de voz para los que tienen voz?
La cifra no es poca cosa. 94,339 hondureños decidieron que su futuro ya no estaba en el país y por ello, huyendo del hambre, la miseria, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo y de salud y educación, emprendieron un viaje hacia el sueño americano a través de una ruta de dolor y muerte.
Es un drama humano sin precedentes que no llama la atención de nadie, ni siquiera de las iglesias que en los últimos tiempos los han invisibilizado o solo los mencionan por salir del paso en una que otra homilía dominical.
Piden orar por los migrantes pero no mueven un dedo ni sueltan un peso por cambiar sus condiciones de vida o, en el peor de los casos, por ser el aguijón en el talón de cuanto gobernante llega al poder pero para cambiar sus propias condiciones de vida.
¿Será que necesitamos ser más dramáticos para ser llamados a la acción? Vale decir entonces que los protagonistas de este éxodo masivo son en una gran proporción menores de edad acompañados y no acompañados.
El fenómeno de la migración irregular está fuera de control, alentado además por mensajes vacilantes que llegan desde Norteamérica. Prueba de ello es que en 2021 fueron deportados 73,697 hondureños, es decir, registramos 20,372 hondureños más en 2022 (incremento de 27.5%).
De estos casi 100,000 compatriotas que vieron frustrado su sueño americano, 43,696 fueron entregados por Estados Unidos, 47,294 los devolvió México y 3,104 fueron “capturados” en los países vecinos de Guatemala y El Salvador.
Ahora bien, si esta cifra le resulta espeluznante, entérese que 24,391 de estos más de 94,000 hondureños eran menores de edad, es decir, niños y jóvenes sin esperanza, sin empleo, sin estudio.
Nótese que hasta aquí hemos hablado de los retornados. Pero ¿cuántos de los que se fueron lograron alcanzar el sueño americano y cuántos más permanecen en México o Guatemala aguardando un momento seguro o esperando tener el dinero suficiente para seguir su camino? ¿Cuántos hondureños en realidad se van del país cada año?
Como sociedad tenemos mucho trabajo por hacer si queremos cambiar el rumbo del país. El 2022, si bien era el año de la esperanza, nos quedó en deuda a juzgar por las más de 3,500 muertes violentas, más de 260 femicidios, los 81,000 empleos perdidos (58,000 en el sector privado y más de 21,000 en el sector público) y los más de 2.6 millones de hondureños en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda (informe CIF 2022).
La inflación de 9.8% ha golpeado a los más desposeídos y se avizora una crisis agrícola que debe ser atendida con urgencia, sin sesgos políticos y con mucha claridad técnica para evitar que el país sucumba ante la escasez de alimentos.
Aunado a todo lo anterior, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también ha elevado su voz de alerta y ha pedido la intervención directa de la mandataria ante las crecientes invasiones de tierras con cultivos industriales como palma y caña, tierras de vocación ganadera, agropecuaria y forestal. Todos estos son sectores generadores de divisas y empleos por excelencia que hoy se sienten amenazados. Este es un mensaje funesto para la inversión nacional y extranjera que tanto urgimos. El sector privado calcula en 29,997 las manzanas invadidas en al menos siete departamentos del país.
Hay que cambiar el rumbo del país. Hay que mantener ocupados a los más de 3.3 millones de jóvenes entre 12 y 29 años que viven en hogares pobres o extremadamente pobres. El Cohep, en su análisis, afirma que hay 162,977 jóvenes desempleados, es decir, estos representan el 46% del total de desempleados.
Y de los 1.5 millones de jóvenes que si tienen un empleo, el 66% de ellos gana menos de un salario mínimo. Los ninis siguen creciendo como la espuma. El Cohep ha reportado que los jóvenes que ni estudian ni trabajan ascienden a 982,000 y de estos, 746,000 son mujeres.
Más allá del circo político, lo que urge es que todos se pongan a trabajar, a gobernar, legislar e impartir justicia con el mismo ímpetu y determinación que fueron movidos los electores a las urnas en noviembre de 2021.
*Periodista
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