Más invasiones, menos inversiones

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30 de enero de 2023
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12:05 am
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Más invasiones, menos inversiones

Por: Rodolfo Dumas Castillo

Las denuncias provenientes de sectores productivos nacionales alertan sobre un sustancial incremento en el número de invasiones en el país, sobre todo en tierras donde se desarrollan actividades productivas. Esto genera graves perjuicios a quienes invierten en Honduras y que con estas acciones ven frustrados sus esfuerzos, mientras el Estado que luce inerme ante el aumento de usurpaciones en todo el territorio nacional. Algunos casos podrían ser producto de la ineficiencia histórica del Estado en actualizar y perfeccionar los registros de la propiedad o en resolver concluyentemente los litigios en esa materia, pero muchos son provocados por vividores de oficio que se aprovechan de la negligencia estatal para agredir a inversionistas nacionales y extranjeros.

La propiedad es un derecho humano pues así está previsto en nuestro ordenamiento interno y en los tratados de los que Honduras es signataria, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 17 dispone: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será́ privado arbitrariamente de su propiedad”. Es deber del Estado garantizar esos derechos y cuando no lo hace incurre en responsabilidad. Pero más allá de esta, existen daños colaterales que son demoledores para cualquier nación, sobre todo para una tan empobrecida como la nuestra.

La impunidad en los delitos de usurpación afecta nuestra posición en los índices de Competitividad Global y de Derechos de Propiedad, que en el caso de Honduras ya es bastante baja en ambos, debilitando nuestra imagen como destino de inversiones y lesionando los esfuerzos por alcanzar mayor crecimiento económico y desarrollo humano. Se pierden empleos y, consecuentemente, se afectan los ingresos de los trabajadores, aumentando las tasas de interés de créditos de los préstamos para cultivos ante el aumento de la incertidumbre percibida por los bancos, se reduce el acceso al crédito para el sector agrícola, aumenta la percepción de riesgo, haciendo que los proyectos sean menos atractivos y eventualmente se reduzca la recaudación para el Estado.

Con apenas un 20% de la totalidad de tierras en Honduras debidamente tituladas e inscritas en el Instituto de la Propiedad, es ilógico pretender limitar el problema a un abuso del sector privado pues existen miles y miles de hectáreas que podrían destinarse a los agricultores, que ciertamente merecen un apoyo efectivo del Estado para disponer de tierra para sus actividades productivas. La solución no debe buscarse en ningún caso perjudicando a los particulares; es una tarea que el Estado debe ejecutar sin afectar propiedades adquiridas de manera legítima, sin destruir o desincentivar la inversión, y respetando los derechos humanos. Persistir en el camino actual solo nos garantiza un acelerado deterioro económico y más desplazamiento humano.

Se trata de una situación gravísima que se debe convertir en prioridad nacional pues implica una riqueza potencial gigantesca, pero también de una fuente de creciente confrontación entre compatriotas. Es deber del Estado garantizar la seguridad jurídica pues sin esta difícilmente habrá inversión privada, especialmente en actividades que requieren de financiamientos que se deben obtener en la banca, lo que resulta casi imposible cuando predomina la inseguridad. Nuestros órganos de justicia tienen mucha responsabilidad en esta situación por su lentitud en aplicar la ley, lo que genera indefensión y que muchas inversiones terminen trasladándose a países donde si existen garantías jurídicas.

El Estado debe actuar rápidamente, asignando todos los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para agilizar el proceso de ordenamiento territorial y regularización predial, evitando que el desorden siga aprovechándose por grupos criminales para hacer negocios dañinos para la economía nacional. Simultánea-mente debe manifestarse un compromiso claro y contundente del gobierno con el respeto a la propiedad privada pues con ello reducirían la incertidumbre y se reactivarían muchas inversiones.

Correo: [email protected]

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