José María Díaz Castellanos
El 14 de septiembre del 2022, el Congreso Nacional le toma la promesa de ley.
El informe final comienza: “…que su trabajo es para la “consolidación de la democracia y para la reconstrucción del Estado de derecho”. Esto es discutible. Agregan que se preparó una matriz de evaluación técnica de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos de la Relatoría Especial de las NNUU sobre la independencia de magistrados y abogados.
Se han producido muchas reformas a la Constitución de 41 años de vigencia ¡aleluya! Fue publicada un 20 de enero de 1982.
Los aspirantes aportaron mucho sobre las tareas pendientes en el Poder Judicial, una de ellas es que los magistrados deben concentrarse en impartir justicia y no mezclar su actividad con asuntos administrativos. Agregaría eliminar la participación del presidente de la CSJ en el Consejo de Defensa y Seguridad. De los propuestos solo uno habló de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos que vendría a aliviar la “mora judicial”, y crear una instancia de conciliación quitándoles esa carga a los jueces. La junta tampoco se interesó en este tema debido a la cultura del conflicto y donde siente que solamente hay justicia en la cárcel. Todos se quejaban de la “impunidad”. La justicia no es exclusiva del juez; hay abogados en ejercicio, jueces de Paz, facilitadores judiciales, notarios que podemos colaborar.
Las reformas constitucionales fueron: 1. Elevar de 9 a 15 magistrados. 2. Desaparece el magistrado “suplente” y aparece el “integrante”. Antes integraban de la lista de los 45, hoy llaman magistrados de las Cortes de Apelaciones. 3. El periodo pasa de 4 a 7 años, pudiendo ser reelecto. 4. Era requisito ser abogado de los tribunales de la República, hoy abogado y notario. 5. La Ley del Consejo de la Judicatura. 6. La potestad de que la CSJ cree los tribunales y no el Legislativo. 7. Al presidente lo selecciona el pleno de los magistrados, y luego pasa al Congreso para su elección. 8. La creación de la Sala de lo Constitucional. Toda esta reforma permite que los seleccionados no salgan exclusivamente del tripartidismo.
Se emite una nueva Ley de la Junta Nominadora que fue publicada en La Gaceta del 20 de julio del 2022, día del indómito, que deroga la del año 2001. Aquí ya ninguna de las 7 organizaciones que la integran proponen candidatos, solamente “auto propuestos”.
En el Reglamento (Gaceta del 13/10/2022), se ordena proponer 23 mujeres y 22 hombres (Artículo 38). Todo apunta que la Corte tendrá 8 mujeres y 7 hombres.
En el informe indica que la ley les ordenaba emitir un reglamento y la matriz de evaluación técnica. (Gaceta del 12 de octubre del 2022).
El 15 de octubre se convoca a todos los aspirantes. Al 31 de octubre se vence el plazo. Aparecen 185 aspirantes, de los cuales 11 se excluyeron por no cumplir con los requisitos legales.
Vienes el calvario de pruebas: prueba no superada excluye al aspirante.
1. Psicométricas.
2. Toxicológicas.
3. De conocimiento sobre Derecho Constitucional, Civil, Procesal Civil, Notariado Familia, Penal y Procesal Penal, incluyendo los convenios internacionales, Administrativo, Laboral, ética jurídica y carrera judicial.
Se elimina el tradicional examen escrito y la prueba es electrónica. Solo aprueba 105 aspirantes.
4. Investigación patrimonial.
5. Tachas y denuncias. Se recibe exagerada cantidad de chismes sobre 42 postulantes. Que temple el de los sobrevivientes.
6. Entrevistas públicas: Derecho Constitucional, Civil y Mercantil en el marco de acceso a la justicia, Derecho Administrativo y Fortalecimiento del Estado de derecho, Derechos Humanos y Medio Ambiente, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, derechos laborales y sistema Interamericano de DDHH.
Al final se seleccionan los 45.
En las conclusiones dice que el tiempo es muy poco para el extenso trabajo. El proceso fue transparente lo que permitió confianza en la población y los veedores internacionales.
En la recomendación informa que el 63% de los postulantes aprobaron el examen con nota superior al 75%. Otra sería que los archivos de las instituciones públicas, no tiene actualizado la información, así como que la selección de magistrados sea en forma escalonada.
La recomendación de que no se busque al Congreso Nacional para publicar una sentencia de inconstitucionalidad, me parece una opción válida. Recordemos que don PP nunca quiso publicar la inconstitucionalidad de la interpretación constitucional.
La única recomendación donde no estoy de acuerdo es la relativa a la “democratización” del notariado. Esto es darlo regalado sin oposición o por elección. Esto que no es competencia de la Junta Nominadora, es un atentado a la “seguridad jurídica”. El exequatur en el sistema latino, el único sistema de acceso es la “oposición”. Mi recomendación más bien sería que a los aspirantes a notarios se les dé capacitación.
