Hugo Noé Pino.
El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Hugo Noé Pino, consideró que tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los juzgados no se han caracterizado por una aplicación transparente y estricta de las leyes en el país.
Esto luego que, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Manuel Díaz Gáleas y Rixi Moncada, respectivamente, denunciaron una “red de corrupción público privada” por la que la cuenta del Estado ha sido embargada por una demanda de tres mil millones de lempiras que Honduras estaría obligada a pagar.
Por lo anterior, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), no deja de llamarle la atención que en las últimas semanas las diferentes salas del Poder Judicial y los juzgados emitan fallos absolutorios sobre acusaciones a exfuncionarios de las administraciones pasadas del Partido Nacional.
Otro elemento a considerar es que la resolución de un juzgado civil precisamente llega el 25 de enero de las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actual.
Para el parlamentario oficialista, que una Corte de Estados Unidos había rechazado una petición similar, pues lleva a la conclusión de que tales decisiones no están regidas por el cumplimiento estricto de la ley, sino siendo altamente sospechosas, por lo tanto, instó al Ministerio Público que en el corto tiempo posible abra investigaciones para dilucidar qué elementos han estado influyendo para una decisión, que no solo afecta las finanzas públicas, sino en un marco de «desprestigio» de la actual administración de la justicia en el país.
Dijo que, luego que la CSJ embargara la cuenta del Estado de Honduras, lo que procede es conocer a detalles los alcances de la resolución del juzgado que dictó la medida de, si se trata de un embargo parcial o de uno que estaría obstaculizando completamente las finanzas públicas, de tal forma, que, al momento de hacerse pagos en las Secretarías y diferentes actividades, se encuentren congelados los fondos estatales.
