Por: Carlos Medrano*
Son personajes lúgubres, electos al calor de la política vernácula, son en su mayoría incapaces que no han cumplido con el mandato de la Constitución de la República, que es defender los intereses del Estado de Honduras frente a las diferentes demandas que a diario se promueven en contra del pobre pueblo hondureño.
Durante mucho años, diría desde su creación, el gran negocio de los procuradores generales de la República ha sido perder los casos que promueven particulares, algunas veces “de compadre hablado”, no compareciendo, haciéndose los desentendidos y no responder con contundencia y diligencia, dichos requerimientos judiciales.
Otros procuradores han puesto a togados inútiles a responder demandas relacionadas con los derechos humanos, otro tanto no ha ganado ni tan solo una demanda laboral, otros son abogados improvisados quienes entraron a la institucionalidad porque pegaron afiches en el reciente pasado, en otras palabras no han ganado “ni un pleito de perros”.
La Procuraduría General dentro del organigrama de la administración pública es la encargada de defender y representar los intereses del Estado -algo así como el abogado del Estado- demandando la reivindicación patrimonial del gobierno cuando se vea perjudicada por actos ilegítimos o de corrupción.
Es impresionante como el Estado ha delegado semejante responsabilidad y la representación legal del Estado de Honduras, en una dependencia que tiene tan pobres resultados, que han desatendido cientos de casos que ha representado cientos de millones de lempiras de pérdidas, todo por no tener una oficina robusta, honesta y que represente a un país con dignidad y patriotismo.
Hoy un nuevo escándalo salpica al abogado del Estado de Honduras quien, de 19 millones de dólares, hoy tiene que pagar el pobre pueblo casi 3,000 millones, cuya responsabilidad ahora “se la tiran” entre la PGR y la Corte Suprema de Justicia.
Producto de toda esta incapacidad, corrupción, falta de amor patrio, ahora se suma la negativa del presente gobierno de pagar dicha sentencia judicial, pues argumenta que dicha demanda ya había sido desestimada en una Corte Federal de Washington, Estados Unidos.
Dicha petición es concerniente a un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID-Honduras), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), quien tenía como objetivo la reconstrucción del país tras el paso destructor del huracán Mitch, a finales de 1998.
USAID-Honduras contrató, mediante licitación pública, a la empresa DRC INC para la ejecución de las obras y esta, a su vez, subcontrató a la empresa Nacional de Ingenieros S. A. (Nainsa) para la elaboración de dichos proyectos, por cierto empresa que ha ganado millonarias sumas de dinero por hacer negocios con el Estado.
Creada en la Constitución Política de 1957, en los artículos 228 al 221, que establecen su función de representante de los intereses del Estado de Honduras, la Procuraduría General de la República no ha honrado su rango constitucional que el pueblo le otorgó.
Algunos togados han responsabilizado a los actuales procuradores (por cierto que han sido señalados de haber sido nombrados de manera ilegal) de perder este nuevo caso por negligentes en el ejercicio de la ley.
Propongo una investigación e intervención profunda de la Procuraduría, realizar una auditoria forense y meter preso a procuradores que no han hecho su tarea, a quienes se compruebe que no han realizado su faena de manera patriótica, a quienes han perdido demandas multimillonarias por negligencia. ¡He dicho!
*Periodista
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