El pago de casi tres millones de lempiras erogados por la Secretaría de Seguridad, por concepto de servicios profesionales a un grupo de abogados privados para defensa de policías señalados como sospechosos en la muerte de Keyla Martínez en 2021, quedó evidenciado en solicitudes de información realizados por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, tras haber sido juramentada en el cargo, en febrero del 2022.

Según la información que consta en oficios desde abril del año pasado realizados por Villanueva, con instrucción de la Presidenta Xiomara Castro, para esclarecer los casos impunes de muerte violenta de mujeres, de las arcas del Estado se erogó al menos 2 millones 865,000 lempiras (unos 119,500 dólares) para saldar la deuda por “Asesorías Jurídicas” y “Gastos Judiciales” de marzo a noviembre del 2021.

El caso ocurrió durante la administración pasada de gobierno y se volvió de alto impacto mediático ya que se trató de una muerte bajo custodia policial, adentro de una celda, durante un toque de queda ordenado por el presidente, Juan Orlando Hernández, para evitar la propagación del COVID-19.

La noche del 6 de febrero del 2021 en La Esperanza departamento de Intibucá, Keyla de 26 años de edad, enfermera de profesión se encontraba acompañada por el doctor Edgar José Velásquez Orellana departiendo con otras personas en La Esperanza cuando fueron detenidos por varios policías quienes les arrestaron por escándalo en la vía pública, consumo de bebidas alcohólicas e incumplimiento del toque de queda.

La misma noche de la detención, trascendió en redes sociales un video grabado por los propios policías donde se ve el traslado y molestia del doctor Edgar Velásquez ante el trato al que estaban siendo sometidos, mientras Keyla Martínez llamaba a la calma a su amigo, ambos a bordo de una patrulla de la Policía Nacional.

DOS AÑOS SIN ESCLARECERSE

Al día siguiente, la madrugada del 7 de febrero, trascendió la noticia de un supuesto suicidio adentro de una celda en la cárcel de La Esperanza, se trataba de la joven Keyla Martínez, también se difundió la fotografía por redes sociales en donde se muestra su arresto y el parte policial.

El deceso de Keyla Martínez, llamó la atención de defensores de derechos humanos y se generaron protestas de la familia y pobladores de La Esperanza e Intibucá quienes aducían otras irregularidades ocurridas históricamente en dicha posta policial y oficiales de mando en ese sector occidental de Honduras.

Ante la presión social, la Policía Nacional emitió el comunicado oficial de dicha muerte asegurando la causa de la misma como suicidio y quitando responsabilidad policial ya que los agentes de turno trataron de salvar la vida de Keyla llevándola a un hospital cercano en donde se manifestó que la joven estaba muerta. La autopsia reveló lo contrario “un homicidio por asfixia mecánica”, según informó en su momento el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

“Los fiscales que llevan a cabo esta investigación ha girado instrucciones a la Dirección de Policía para que sean puestos a la orden del Ministerio Público todos los oficiales y agentes de policía que estaban asignados a esta posta en la ciudad de La Esperanza (…) asimismo se están revisando las cámaras de seguridad que existen en la estación policial como en la ciudad”, informó el portavoz.

Solo existe una persona imputada por la muerte de Keyla Martínez y se trata del agente de policial Jarol Perdomo quien fue beneficiado por el trabajo de la defensa privada al lograr que el delito se calificara por los jueces como homicidio y no femicidio agravado, bajando así la pena en prisión que tampoco ha sido concretada y sumado a eso las investigaciones tampoco han sido extendidas hacia otros oficiales de mando superior a Jarol Perdomo.

¿A QUIÉNES SE LES PAGÓ POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES?

En 2021 las autoridades que fungieron en la Secretaría de Seguridad fueron Julián Pacheco Tinoco (ministro de Seguridad), Luis Suazo y Alejandra Hernández (viceministros de Seguridad), respectivamente, quienes por ley deben de estar informados de todo lo que acontece, tanto en la institución a nivel administrativo, como el operativo en la Policía Nacional, pero en ese tiempo se limitaron a manifestar que el caso se investigaba.

En lo que respecta a los mandos en la Policía Nacional, fungían en ese entonces como director general, el comisionado general Orbin Galo Maldonado (subdirector), comisionado general Orlyn Cerrato Cruz y el inspector general, comisionado Jair Meza Barahona, todos responsables de las acciones policiales en las unidades a nivel nacional. Y en el 2021, Meza aseguró que los involucrados serían puestos a la orden de la justicia.

Pero todas estas autoridades no aparecen como beneficiados por pagos de servicios profesionales para defensa de policías involucrados en el caso de Keyla Martínez, sino que trascienden firmas a nivel de funcionarios administrativos a lo interno de la Secretaría de Seguridad, como la secretaria general y personal del departamento legal, quienes fungían en ese entonces como responsables de acciones relacionadas.

En los oficios de Villanueva se logra ver como la funcionaria en abril solicita a la secretaria general de la Secretaría de Seguridad, abogada Lastenia Díaz, que “remita de carácter urgente un informe pormenorizado de los gastos erogados en la defensa” en relación al caso Keyla Martínez.

Asimismo, en otros oficios responde con evasivas aduciendo que en la actual administración no se han erogado gastos sobre ese caso según Oficio 3045-2022 del 4 de mayo del año pasado como si estuviese retardando u obstruyendo el proceso de transparencia de la información solicitada.

Se conoció que, a lo interno de la Secretaría de Seguridad, han sido reiteradas las notas enviadas por la viceministra Julissa Villanueva en este y muchos otros casos más, en donde existe aún un grupo de personas que obstaculiza el quehacer investigativo instruido por la Presidenta Castro en el marco del plan de estructuración de estrategias contra los femicidios.

Pese a las limitantes, se logró obtener los oficios en donde se detallan los montos y personas que recibieron el pago por parte de la Secretaría de Seguridad, siendo los mismos: Abogado José Armando Díaz Ulloa 565 mil lempiras; abogada Danelia Ferrera Turcios, un millón 300 mil lempiras; abogado Ivis Discua Barillas, 900 mil lempiras.

Rommel Martínez también aparece como uno de los asesores jurídicos, a quienes la Secretaría de Seguridad pagó 100 mil lempiras por servicios profesionales relacionados con el caso de Keila Martínez, sin que a la fecha no exista explicación alguna por parte de las autoridades pasadas y actuales del por qué el pago a un funcionario policial, quien fungía como director de la DPI y al mismo tiempo se contrató como asesor jurídico en un caso criminal de esa índole.