Con cheque de 100 mil lempiras, DPI movilizó a sus especialistas técnicos

Un total de 100 mil lempiras librados en cheque que, según la viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, fueron pagados por asesoría jurídica al comisionado Rommel Martínez Torrez, se utilizaron en gastos operativos y viáticos para los técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en las investigaciones iniciales de la muerte de la joven Keyla Martínez.

Según los documentos, los fondos fueron plenamente acreditados e integrados a las liquidaciones revisadas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y la Gerencia de Finanzas de la Secretaría de Seguridad.

Como se informó en su momento, la noche del 6 de febrero del 2021, en La Esperanza, Intibucá, la joven Keyla Martínez (26), una enfermera de profesión, se encontraba departiendo con otras personas, cuando fueron detenidos por varios policías por escándalo en la vía pública, consumo de bebidas alcohólicas e incumplimiento del toque de queda por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la fémina fue reportada como muerta en una celda de la posta policial de la zona.

PIDIÓ INFORME

Sobre el caso y para esclarecer la muerte, Villanueva reportó que recientemente, en abril del año pasado, solicitó a la secretaría general de la Secretaría de Seguridad, abogada Lastenia Díaz, que “remita de carácter urgente un informe pormenorizado de los gastos erogados en la defensa”, en relación al caso Keyla Martínez.

Villanueva agregó que, pese a las limitantes, logró obtener los oficios en donde se detallan los montos y personas que recibieron el pago por parte de la Secretaría de Seguridad, señalando a los abogados José Armando Díaz Ulloa, Danelia Ferrera Turcios, Ivis Discua Barillas y otros consultores técnicos.

En sus reportes, la actual viceministra indica que el exdirector de la DPI, el comisionado general Rommel Armando Martínez Torres, aparece como uno de los asesores jurídicos, a quienes la Secretaría de Seguridad pagó 100 mil lempiras por servicios profesionales relacionados con el caso de Keyla Martínez.

La funcionaria da entender que a la fecha no existe explicación alguna por parte de las autoridades pasadas y actuales del porqué se realizó el pago a un funcionario policial, que fungía como director de la DPI y al mismo tiempo se contrató como asesor jurídico en un caso criminal de esa índole.

Sin embargo, Villanueva, en sus reportes obvió documentación y varias facturas de liquidación presentadas en tiempo y forma por parte de Martínez Torres -6 de mayo del 2021- al director administrativo y financiero de la Policía Nacional, subcomisionado Aldrin Enrique Laínez Cruz, donde aparecen los montos mencionados por la viceministra, debidamente liquidados de conformidad a los procedimientos establecidos por la Secretaría de Seguridad.

Esos fondos fueron utilizados por equipos policiales especializados durante se realizaban las investigaciones iniciales hasta que el caso fue turnado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), para garantizar una mayor objetividad.

CHEQUE LIQUIDADO

Según la documentación obtenida por LA TRIBUNA, el cheque número 00015238 fue liquidado conforme al siguiente desglose de objeto de gasto: “10 mil lempiras en otros servicios comerciales y financieros, 4 mil en mantenimiento y reparación de equipo de oficinas y muebles, 52 mil 463.15 lempiras en viáticos nacionales, 32 mil 137.73 en productos alimenticios y 1,410.10 en diésel para los automóviles usados para movilizarse a La Esperanza, Intibucá, sumando un total de 100,010.98 lempiras”.

En las facturas liquidadas y sobre los 100 mil lempiras mencionados por la viceministra de Seguridad, se detalla el consumo en varios comercios que fueron visitados por los agentes de DPI, mientras se realizaban las giras de trabajo, entre ellos el restaurante “Don Tiki”, hotel IPSAN-NAH y restaurante y hotel “Cabañas”, entre otros.

El comisionado general Rommel Martínez Torrez, ha tenido un desempeño por más de 30 años en la carrera policial. (JGZ)