Por: Rodolfo Dumas Castillo
A pesar del injustificado retraso, los interminables pretextos y las elucubraciones jurídicas que pasaron de lo sublime a lo ridículo, el Congreso finalmente eligió una nueva Corte Suprema de Justicia. A diferencia de los otros poderes del Estado, el Judicial se constituye sobre los cimientos de la confianza pública; los jueces no disponen de presupuestos para financiar programas sociales, no desarrollan actividades educativas, benéficas o de seguridad, tampoco aprueban leyes, solo pueden emitir sentencias fundadas en la ley y que las partes deben creer que son dictadas por funcionarios justos, imparciales, independientes y competentes. La administración entrante tendrá la difícil tarea de recuperar la confianza perdida por sentencias lesivas al interés nacional, falta de independencia y un funcionamiento mediocre.
A Honduras le urge modernizar su sistema judicial pues el costo humano y económico de seguir con uno tan ineficiente es demasiado alto. Actualmente sufre deficiencias históricas y luce agobiado por las exigencias de una sociedad cada vez más compleja y con mayores niveles de litigiosidad; pero la mejoría no se logra solo cambiando quince magistrados, requiere una transformación integral que inicia con un diagnóstico completo, seguido de un amplio acuerdo nacional que dependerá de la efectiva independencia del Poder Judicial, siendo este el principal requisito para su éxito. Sin independencia ninguna destreza gerencial, administrativa o técnica será suficiente para constituir un sistema judicial imparcial, eficiente, ágil y confiable. Sin independencia del Poder Judicial no existe Estado de derecho y sin este es imposible establecer las condiciones para el funcionamiento eficiente de la economía con seguridad jurídica y estabilidad política.
El Poder Judicial debe promover mayor transparencia en su funcionamiento, elemento clave para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la integridad del sistema de justicia en su conjunto. Esto solo será posible si opera impulsado por una cultura de legalidad y ética profesional, implementando códigos internos de conducta y sistemas de gestión de riesgo para sus actividades diarias, sin perjuicio de que paralelamente el país desarrolle una campaña cultural masiva, idealmente creando un marco nacional de integridad en el que todos los sectores se comprometan con los principios de transparencia, ética, buena gobernanza y rendición de cuentas.
Los jueces y magistrados deben cumplir estándares éticos y legales, tanto dentro como fuera de los tribunales, evitando conflictos de interés, cumpliendo sus actividades de manera eficiente, basándose en los principios de legalidad y justicia, observando la jurisprudencia, ejerciendo el control de convencionalidad y emitiendo sus resoluciones dentro de los términos legales. Deben estar sujetos al “accountability judicial”, es decir, a la responsabilidad y transparencia en el ejercicio de su labor, con mecanismos que garanticen la rendición de cuentas a la sociedad y que sus decisiones están sujetas al escrutinio público, sin que ello disminuya su independencia.
Se debe mejorar el acceso a la justicia mediante inversiones en infraestructura y creación de juzgados especializados, incorporando métodos alternos de resolución de conflictos en los procesos judiciales, con lo que se contribuiría a disminuir la mora procesal. Es pertinente aprobar una ley del Consejo de la Judicatura que permita elegir funcionarios de manera objetiva y rigurosa, mediante oposición, con pruebas sobre disciplinas complementarias para el ejercicio de la función judicial, incorporando criterios de formación académica, especialización y mérito profesional. Es particularmente imperioso avanzar en la digitalización de todos los actos judiciales para agilizar y simplificar los juicios y reducir los costos legales. Esto debe incluir la alfabetización digital de litigantes y funcionarios, así como la implementación de tecnologías de la información revestidas de sólidos mecanismos de seguridad.
Honduras ya merece una justicia que actúe con rapidez, eficacia y calidad, con procedimientos más modernos y eficientes; que cumpla su deber constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos en plazos razonables, de proporcionar seguridad jurídica, siguiendo patrones de comportamiento y decisión previsibles. Es un desafío de interés general que debe ser afrontado con acuerdos amplios, participativos, transparentes y que aborden sistemáticamente el fondo de los problemas para dotar las reformas de coherencia y estabilidad. Esperamos que la nueva corte comprenda lo apremiante de lograr esos objetivos para la estabilidad social y el desarrollo económico del país.
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