Persecución de periodistas por régimen de los Ortega Murillo
Por: José Rolando Sarmiento Rosales
Entre los nicaragüenses a los que el gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad hay al menos 22 periodistas, según recuentos de organizaciones independientes. El destierro de al menos 22 periodistas nicaragüenses en ejercicio ha generado reacciones de rechazo en Nicaragua y a nivel internacional luego que el gobierno de Daniel Ortega decidiera esta semana despojarlos de la nacionalidad por considerarlos “traidores a la patria”. El movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció un atropello más a la libertad de expresión en el país centroamericano.
Según la organización “entre el grupo de 317 personas despojadas de su nacionalidad y de todos sus bienes totalizan más de 20 periodistas y personas dedicadas a la comunicación directa en medios de comunicación independientes”. El PCIN ha rechazado la escalada represiva dirigida por el gobierno de Daniel Ortega, que ha despojado de su nacionalidad a opositores desterrados bajo acusaciones de “traición a la patria”. En Washington, Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, una organización para el análisis sobre asuntos centroamericanos, dijo que se trata de “una decisión arbitraria de un régimen que manipula, controla y decide lo que se legisla en el país y cómo funcionan las cortes”.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y ganador de reconocidos premios internacionales, uno de los despojados de la nacionalidad, dijo que el “régimen” de Ortega ha reafirmado con esta acción que el territorio nicaragüense dejó de ser “una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución para imponer únicamente la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos”. Además de Chamorro, engrosan la lista Wilfredo Miranda, quien colaboraba desde Nicaragua para El País, España, también de larga trayectoria y reconocimiento iberoamericano por su trabajo, directores de medios digitales como Luis Galeano, de Café con Voz; Lucía Pineda, de 100% Noticias; Patricia Orozco, de Onda Local; Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga; Álvaro Navarro, de Artículo 66; Manuel Díaz, de Bacanal Nica.
También figuran David Quintana, de Boletín Ecológico; Aníbal Toruño, de Radio Darío; Santiago Aburto, de BNT Noticas; Jimmy Guevara, de Criterios; y los comunicadores Sofía Montenegro, Silvia Gutiérrez y Camilo de Castro Belli. El PCIN destacó también hay otros periodistas que estaban en prisión purgando penas impuestas en juicios sumarios. “Previamente el régimen había aplicado la medida de despojo de la nacionalidad nicaragüense a los excarcelados políticos: Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holmann”, precisó la organización. El gobierno de Nicaragua ha justificado su acción señalando que estos ciudadanos “menoscababan la independencia, la soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia y al terrorismo”.
Los periodistas hondureños no extrañamos pero sí condenamos la larga tradición de represión a los colegas nicaragüenses en la larga época de la dictadura de los Somoza, y el papel de los periodistas y la prensa independiente en la lucha para desalojarlos del poder, acompañando la insurgencia rebelde de los grupos armados conformados en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, papel importante desempeñado por Pedro Joaquín Chamorro, director de Diario La Prensa en Managua, vilmente asesinado en la capital, hecho que aceleró el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle y la desaparición de la tenebrosa Guardia Nacional.
Lamentablemente y como suele ocurrir con los regímenes surgidos de luchas armadas revolucionarias de izquierda marxista, o apoderamiento del poder aun vía elecciones, los gobiernos surgidos se constituyen en una amenaza para la prensa libre y la libertad de expresión de sus pueblos, al no permitir las críticas a sus disposiciones impositivas de manejar a su antojo los poderes del Estado, es decir las Asambleas Legislativas o Congresos y la Corte Suprema de Justicia, que utilizan como ahora vemos en Nicaragua para reprimir las acciones de los grupos y partidos opositores, en los que se incluye la prensa, los periodistas y comunicadores sociales, incluyendo radios, televisoras y semanarios de la Iglesia Católica.
Así, por ejemplo intervienen con fuerzas policiales y se apoderan de las instalaciones y maquinarias del legendario Diario La Prensa, radioemisoras y televisoras privadas, y los medios de comunicación de la iglesia en las provincias y en la propia capital Managua, con acusaciones amañadas en los tribunales de justicia y encarcelamientos en la temida cárcel de El Chipote, que ya llevan largos meses en condiciones deplorables para la seguridad, la salud y vida de los prisioneros, impidiendo el acceso de sus familiares y hasta de sus defensores legales, típico de regímenes dictatoriales perpetuados en los gobiernos de izquierda, siendo los casos más denunciados y temidos en Cuba y Venezuela, que al parecer asesoran las acciones represivas de Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo.
