Por: Rodolfo Dumas Castillo
La palabra intermediación generalmente nos lleva a pensar en temas financieros. Similarmente, “desintermediación” nos inclina a ponderar asuntos de naturaleza mercantil en los que, por diversas razones, se eliminan los intermediarios entre los negocios y sus clientes. Buena parte de esto deriva de la digitalización y la posibilidad que esta nos concede de no tener que utilizar los servicios ofrecidos por algunos de esos agentes, afectando positivamente muchos aspectos de nuestras vidas. Así, por ejemplo, el Internet nos permite prescindir de intermediadores tradicionales como las agencias de viaje, cines, tiendas físicas y agencias bancarias, pues ahora podemos comprar boletos aéreos, reservar hoteles y carros directamente con los proveedores, descargar películas en línea, y realizar compras o pagos en sucursales electrónicas.
Recientemente hemos leído algunas obras en las que sus autores establecen que esta metamorfosis social y cultural también afecta a la política, especialmente a la democracia representativa. Estos exponen que esta es la razón por la cual hoy somos testigos de tantos acontecimientos políticos inesperados a nivel mundial, con sucesos y resultados que ni el observador más acucioso pudo anticipar. Una parte de esto se debe a la pérdida de legitimidad que han sufrido los partidos políticos y los medios de comunicación, con mayor cantidad de ciudadanos rechazando a los primeros como sus representantes y rehusándose a aceptar los contenidos elegidos por los medios tradicionales. Se trata de un movimiento “anti-establishment” que ya alcanza todos los rincones del planeta. La desconfianza hacia los partidos y los grupos de poder quebranta los mecanismos de mediación que permitían ordenar los procesos políticos entre el Estado y los ciudadanos de forma relativamente previsible.
Previamente los partidos canalizaban y transformaban en políticas públicas las exigencias del pueblo, mientras que los medios de comunicación filtraban y transmitían las ideas de los ciudadanos (idealmente vigilando al mismo tiempo al gobierno). Cuando estos fracasan la política se trastorna, el vínculo representativo se desgasta y el caos se apodera de los espacios políticos. Dicho fracaso usualmente ocurre cuando los políticos son corruptos, abusan o concentran el poder, toleran la impunidad, debilitan la institucionalidad o incumplen sus ofertas y planes de gobierno. Similarmente, cuando la información y el debate público se desplaza a las redes sociales, sin la mediación de la prensa, estos se tornan estridentes y tienden a desinformar, perdiéndose el nexo entre la salud democrática de la nación y un entorno con libertad de pensamiento y expresión, pluralidad de ideas, debate civilizado y disenso político cuyo único objetivo sea el bien común.
En nuestro país se presenta ese sentimiento “anti-sistema”, quedando claramente evidenciado en las últimas elecciones generales. Es esto lo digital también ha contribuido a romper los vínculos tradicionales, debilitado los poderes políticos y mediáticos. Hoy los niveles de división y polarización son agudos, agravados por dirigentes escandalosos que logran controlar los partidos o que fundan otros excesivamente personalistas. Como funcionarios públicos evitan la rendición de cuentas, buscan evadir el escrutinio público al negarse a participar en conferencias de prensa abiertas u ofrecer entrevistas directas, prefiriendo comunicarse por las redes sociales donde controlan los contenidos e impiden cualquier tipo de cuestionamiento. Desde ahí se vuelve difusa la distinción entre gobernanza y entretenimiento, confundiendo a gobernados con seguidores. En las redes sociales puede haber más voces, pero eso no garantiza más o mejor dialogo.
Honduras debe hacer un esfuerzo extraordinario por reconstruir ese tejido sociopolítico tan deteriorado. La solución ciertamente no consistirá en eliminar a los partidos políticos o desaparecer a los medios de comunicación, ni en buscar salidas mágicas con quienes solo figuran en medio del escándalo y el espectáculo. Deberá iniciar con la depuración, renovación, adecentamiento y profesionalización de todos los partidos, oxigenándolos con liderazgos jóvenes, innovadores y competentes; desechando la falsa premisa de que la política es inherentemente perversa; logrando que más profesionales capaces y probos se integren al servicio público y que desde adentro ayuden a convertir al Estado en garante de la seguridad jurídica y personal, proveedor eficaz de salud y educación, eficiente administrador de la hacienda pública, facilitador de las inversiones, impulsor de la economía y promotor de una nación más equitativa.
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