Rafael Delgado

Las reacciones de los últimos días se pueden explicar fácilmente: así como cualquier beneficio, subsidio, transferencia o ayuda que se recibe de manera permanente, se vuelve costumbre e incluso se percibe como un derecho, ahora la propuesta de una reforma tributaria que va dirigida a revisar las exoneraciones fiscales recibe duras críticas de los portavoces de los sectores que por muchos años han gozado de las mismas. El Cohep por ejemplo argumenta que habrá severos efectos en el empleo y la inversión si se modifican o se retiran los beneficios fiscales gozados desde las décadas pasadas.

Las exoneraciones fueron creadas en un principio como una herramienta de política pública con el objetivo de apoyar sectores frágiles, pero que tenían un futuro promisorio. Lastimosamente, con el transcurrir del tiempo lo que se pretendía que fuera excepcional y temporal se convirtió en otra cosa, llegando según se afirma por parte del gobierno a que existan ahora dieciocho regímenes especiales que conceden estos beneficios. Curiosamente se fortaleció pese a que se difundía la idea que toda intervención del sector público en la economía era dañina para la empresa privada y que había que reducirlas a lo mínimo posible ya que, en un mundo globalizado, la nación-Estado y sus políticas dejaron de ser necesarias; más bien son dañinas. Ahora, sabemos la diferencia entre lo que se pregonaba y lo que se hacía.

Desde hace mucho tiempo ha quedado claro en el ambiente la necesidad de revisar profundamente, con criterios bien definidos y sensatez lo que se ha salido de control. Pero al parecer nadie ha querido ni ha podido poner sobre la mesa de discusión este tema. Más allá de los análisis de los años pasados, que le han puesto números a lo que esto representa, todo ha terminado allí, sin trascender a una propuesta que elimine lo que no es sostenible en el tiempo.

En el largo plazo la competitividad de las empresas y de los territorios no se construye con puras exoneraciones fiscales, tampoco manteniendo los salarios a niveles de sobrevivencia ni con devaluaciones de la moneda como ha ocurrido en la historia económica no solamente en Honduras, sino del resto de Centroamérica. Esa carrera absurda de los países pequeños y empobrecidos de competir por quién da las más generosas exoneraciones para a lo sumo arrebatarle la inversión al otro país, solamente empobrece más. Detrás de esas inversiones que se han atraído y detrás de cada empleo generado a puras exoneraciones, también hay costos económicos y sociales que considerar para entender el impacto completo de una política desbocada de exoneraciones fiscales.

¿Se va a ahuyentar la inversión como lo dice la embajadora norteamericana Laura Dogu y el Cohep? No me cabe la menor duda que habrá inversionistas acostumbrados a estas prebendas, que empacarán sus cosas para ir en busca de otros paraísos fiscales y de naciones en crisis para ir a anidar. Pero seguramente no serán todos los inversionistas. La competitividad y atractivo de un país se define por la existencia de instituciones públicas fuertes y eficientes, por la claridad de las reglas para invertir, por la productividad de su mano de obra educada, por la seguridad ciudadana y la infraestructura de calidad existente. Esa son las cosas que hay que fortalecer, acompañadas de una política de exoneraciones fiscales más controlada y justa. Con ello es seguro que no solamente vendrá más inversión extranjera comprometida con la sostenibilidad económica y social, sino que habrá más hondureños dispuestos a inviertan y a creer más en su país.

Lógicamente que hay razones para elevar las sospechas cuando se quiere hacer una reforma de esta naturaleza. Los viejos mecanismos de la corrupción y el despilfarro siguen funcionando en todo el país, amenazando con devorarse los recursos que en nombre de la justicia tributaria se recaudan. Por ello es necesario, incorporar las observaciones legítimas de los diferentes sectores, alcanzar amplios consensos no solamente sobre los ingresos, sino también sobre el gasto público y la inversión pública para darle más sentido y coherencia a lo que se pretende hacer en materia de tributos.