Acorralado por el incansable movimiento de protestas e incluso por la convocatoria de una huelga general por los sindicatos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se vio obligado a posponer la polémica reforma judicial que impulsa su gobierno.
(LASSERFOTO AFP)
Jerusalén.- Acorralado por el incansable movimiento de protestas e incluso por la convocatoria de una huelga general por los sindicatos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se vio obligado a posponer la polémica reforma judicial que impulsa su gobierno, pero no a desecharla por completo.
“Cuando es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar. Doy una oportunidad real a una discusión real”, afirmó Netanyahu en una esperada intervención televisada, que se había anunciado para horas antes debido a la fuerte presión social.
Como resultado, los sindicatos desconvocaron la huelga general y el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog -quien horas antes había pedido la suspensión “inmediata” de la reforma-, celebró el anuncio para “apagar fuegos” e incluso se ofreció a mediar, aunque no contentó a los grupos convocantes de las protestas, las mayores de la historia de Israel.
“El gobierno ha llevado a Israel al borde de la destrucción y todavía amenazan con desmantelar la democracia. Un congelamiento temporal no es suficiente y las protestas nacionales continuarán intensificándose hasta que la ley sea rechazada por completo en la Knéset”, declaró el Movimiento Paraguas contra la Dictadura, que aglutina a varios grupos civiles.
Después de horas de reuniones con sus socios de gobierno, el primer ministro anunció que “por responsabilidad nacional y por el deseo de evitar una grieta en nuestro pueblo”, suspende la votación en segunda y tercera lectura de la ley de elección de jueces, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma, que estaba previsto que se aprobara esta misma semana, antes del receso parlamentario de abril por la Pascua judía.
De esta forma, el gobierno se da de plazo hasta julio para entablar un diálogo con la oposición y consensuar algunos cambios en la reforma original, vista por amplios sectores sociales -incluido el económico y el militar- como una amenaza para la democracia porque socava la independencia de la Justicia al dar al Ejecutivo amplio control sobre la misma y reduce la capacidad fiscalizadora del Tribunal Supremo.
Aunque no es la primera vez que el primer ministro ofrece un diálogo a la oposición, sí que es la primera vez que lo hace poniendo el freno a la tramitación de la reforma en la Knéset, lo que puede sentar las bases para una negociación. EFE
