Carlos G. Cálix
En octubre de 2022 la Fiscalía de Perú acusó formalmente al entonces presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Dos meses después, fue destituido y retenido por rebelión. Ante ello, un juez dictó prisión preventiva para el expresidente. Ahora, el Ministerio Público en el marco de una investigación preparatoria le sigue los pasos a la exprimera dama Lilia Paredes, esposa de Castillo.
En febrero de 2023, la Fiscalía de Ecuador informó que el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una hija, sus dos hermanos, cuñadas y otras 30 personas estarían involucradas en una estructura de corrupción transnacional. Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018 cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. En el mismo sentido, el expresidente Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana fue condenado por corrupción y tiene una orden de captura en el país sudamericano. La investigación comenzó cuando la Fiscalía acusó a Correa de liderar una “red ilegal” para captar fondos de empresas contratistas del Estado para algunas campañas electorales. El hasta ahora prófugo vive en Bélgica, pero cuando viene a Tegucigalpa canta “…y sigo siendo el rey” mientras le esperan ocho años de prisión en Ecuador.
En 2022 Correa estuvo en Honduras y dijo: “Xiomara Castro hará un buen gobierno si escucha al pueblo”. En 2023 Correa visitó Argentina y expresó: “Cristina Fernández de Kirchner es como San Martín y Evita juntos”. El primer comentario es diplomáticamente claro, “si escucha al pueblo”. Sin embargo, hasta hoy el gobierno presidido por Castro, denota sordera selectiva. El segundo comentario de Correa está fuera de lugar, sobre todo porque él y Cristina fueron condenados a penas de cárcel por corrupción. Al respecto, la Fiscalía había pedido 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua a la expresidenta por presunta corrupción. No obstante, un tribunal penal en Argentina la condenó a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su esposo. Aunque fue absuelta por el delito de asociación ilícita, la justicia sigue difundiendo los fundamentos de la condena, manifestando que hubo “vínculos promiscuos” con empresarios corruptos. Y eso que falta que se aclare el Caso Nisman. Alberto Nisman, fue el fiscal que culpaba a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el mayor atentado de Argentina, pero el fiscal murió un día antes de hacer sus conclusiones. Hasta el día de hoy los argentinos continúan el debate sobre si fue asesinato o suicidio.
Resulta evidente que las investigaciones lideradas por fiscales especiales han dado grandes resultados a lo largo de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay múltiples casos de éxito, entre ellos: el Watergate durante la administración de Nixon, además de las investigaciones durante los gobiernos de Reagan, Bush, Clinton y Trump. Algunos expresidentes latinoamericanos que han sido condenados por los tribunales gracias al trabajo desarrollado por las fiscalías son: Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo (Perú), Arnoldo Alemán (Nicaragua), Luis García (Bolivia), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Luis Ángel González (Paraguay) y Fernando Collor de Mello (Brasil). A la lista se suman Francisco Flores (El Salvador), Otto Pérez (Guatemala), entre otros. Honduras no es la excepción.
En este sentido, los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow del Distrito Sur de Nueva York son quienes han procesado el caso en contra del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es acusado por conspiración para importar cocaína y por conspiración y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Presumiendo inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. Emulando a los fiscales estadounidenses, los fiscales hondureños tienen el poder para iniciar pesquisas en contra de los ex y actuales funcionarios públicos y sus más cercanos.
Fortalecer al Ministerio Público es importante. Igual relevancia tiene empoderar a los mejores fiscales hondureños para que hagan uso correcto y eficiente de sus funciones. Sus investigaciones pueden llevar a numerosas condenas. El Poder Ejecutivo y el Legislativo deben respetar al Judicial. Razón por la cual, la Asociación de Fiscales de Honduras, en lugar de cruzarse comunicados con la Presidencia, debe efectuar un plan de acción que permita valorar su poder y así dar inicio a diversas investigaciones gubernamentales de alto perfil. Su trabajo es sumamente valioso. Defiendan sus derechos y cumplan este deber. Y como dijo el fiscal Javier Zaragoza en defensa de la democracia española: “No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional”.
[email protected] Carlos G. Cálix es Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH. Posdoctorado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur IIESS-CONICET. www.carlosgcalix.com
