Comienza la audiencia a exministros dominicanos en un caso de corrupción
La justicia dominicana celebra finalmente este miércoles, tras dos aplazamientos, la audiencia para la imposición de medidas preventivas a tres ministros del anterior Gobierno de Danilo Medina (2021-2020) imputados por presunta corrupción administrativa, dentro de la llamada operación Calamar.
Los extitulares de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) son los 3 principales imputados entre los 20 detenidos en relación con este supuesto entramado de corrupción, que distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos dominicanos (cerca de 350 millones de dólares al cambio actual).
La audiencia podría prolongarse varios días, debido al amplio número de imputados.
Tras la presentación de la acusación y los elementos de prueba por parte de los fiscales, tomarán la palabra los abogados de los imputados para responder al Ministerio Público.
Posteriormente, la magistrada Kenya Romero, encargada del caso y que hoy inició formalmente la instrumentalización del mismo, decidirá si manda a los veinte detenidos a la cárcel, como solicita el Ministerio Público, que pide para cada uno de ellos dieciocho meses de prisión preventiva.
Los acusados llegaron este miércoles al Palacio de Justicia en Santo Domingo en medio de un amplio dispositivo de seguridad y sin ofrecer declaraciones a la prensa que aguardaba en la sede judicial.
La Procuraduría General de la República anunció el 18 de marzo el arresto de veinte personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones.
Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, respectivamente, y el abogado y economista Ángel Lockward.
Desde el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenece la mayoría de imputados, se denunció una politización del caso, extremo que niega el Ministerio Público.
Este miércoles, en una entrevista a una televisión local, el secretario general del PLD, Charles Mariotti, acusó al Ministerio Público de “persecución selectiva” en contra de su formación política. efe
