Independencia y recuperación patria
Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
El Art. 232 de la Constitución de la República establece en su primera parte lo siguiente: “El Ministerio Público es el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria”, desde ahí está establecida su función en el ordenamiento jurídico hondureño y su capacidad funcional dentro de los mal llamados “operadores de justicia”; desde que hace un par de semanas el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales con valentía denunció la manipulación dentro de la junta directiva del CAH, para instaurar dentro de la Junta Proponente, representantes de las cúpulas partidarias o incluso, de las cabezas de las mismas para elegir al siguiente Fiscal General y Adjunto, se inició un mecanismo que, al igual que el de la CSJ nos dice que todo sigue igual que antes y que, aquellos que prometieron ser diferentes, son más de lo mismo o que, como dicen algunos “la medicina salió peor que la enfermedad”.
El Art. 233 de ese documento que es la biblia del ciudadano llamado Constitución de la República, señala también que la titularidad del MP corresponde a un Fiscal General y a uno Adjunto y que su período será de 5 años, con el voto favorable de 2/3 partes del CN o sea 86 votos, de una nómina de 5 candidatos seleccionados por la ahora tristemente célebre Junta Proponente, de ahí su importancia toral para el Estado de derecho hondureño y para la clase política de nuestro país, desafortunadamente manchada en todas sus manifestaciones partidarias por el oscuro poder de la droga, el lavado de activos, el abuso de poder y la maldita corrupción que toca a varios diputados de diferentes partidos que, sin contar obviamente con la opinión del electorado, acordaron como se repartirían como manojo de naipes el poder dentro del ya destartalado Ministerio Público.
Hubo pláticas con los poderes detrás del trono y cabezas de cada partido político, con los llamados fácticos que antes denunciaba “Mel”, con falsedad, porque pertenece a ellos, de incluso repartirse pasándose la Constitución de la República por allá, con la venia del títere del CN, un despersonalizado e intolerante aspirante a Luis XIV, de elevar a rango constitucional a la dirección de fiscales, para que queden alegres unos, de crear otros fiscales adjuntos, para que queden alegres otros, en un acto de desmedida desfachatez y desdén por el que todos llaman “el soberano” y así que cada pícaro tenga su fiscal o adjunto, o la dirección de fiscales o la todopoderosa Uferco, para que les tapen sus picardías, su corrupción y su visceral persecución política a todos aquellos que tengamos la osadía de opinar en contra de tal o cual decisión gubernamental.
Rousseau, el ilustrado nacido en 1712 que confeccionó con su talento el texto conocido como “El Contrato Social o los Principios del Derecho Político” señala en él que hay dos vías generales por las cuales un gobierno se degenera: cuando se reduce o cuando el Estado se disuelve y que esto último sucede cuando aquel que administra el Estado deja de hacerlo según las leyes y usurpa el poder del soberano, ya nos pasó con JOH y nos está pasando con XioMel, porque señala el autor “que no se reduce el gobierno sino el Estado. O sea: se disuelve el Estado grande y se forma otro dentro de este, compuesto tan solo de los miembros del gobierno, que para el resto del pueblo ya no es más que un señor y un tirano. De modo que, en el momento que el gobierno usurpa la soberanía se rompe el pacto social; y todos los simples ciudadanos, recobrando su derecho de libertad natural, pueden verse forzados a obedecer, pero no están obligados a ello”.
Continúa Rousseau diciendo que cuando el Estado se disuelve, para allá nos quieren llevar, el abuso del gobierno, sea el que fuere (derecha o izquierda), toma el nombre común de anarquía, que es justo lo que tenemos hoy en nuestro suelo, que la democracia se degenera en oclocracia, la aristocracia en oligarquía, y que, la monarquía degenera en tiranía.
Así pues, la próxima elección del Fiscal General es toral para nuestra democracia y los responsables de su éxito o fracaso son: Rebeca R. Melara, de Libre y presidenta de la CSJ, Wagner Vallecillo, abogado cercano a Rosenthal, Blanca Izaguirre del PN, Odir Fernández en representación de mi UNAH, asesor gubernamental, Julio Raudales, antiguo ministro de Pepe Lobo, Alejandro Hernández por el CAH, cercano a Rosenthal y José Ramón Ávila de la sociedad civil, cercano a Libre y con la controversial decisión del ministro de Transparencia de dejar afuera a la empresa privada y pregúntese, se cumplirá el Art. 232 Constitucional?.
(*) Abogado y Notario. Catedrático Universitario. Constitucionalista.
