Los derechos de propiedad en el contexto de la libertad económica

MA
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31 de mayo de 2023
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12:49 am
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Los derechos de propiedad en el  contexto de la libertad económica

Carlos G. Cálix

Resulta urgente entregar mayor certeza jurídica debido a las invasiones de tierra y a la derogación de leyes que no garantizan las condiciones propias de la estabilidad jurídica; en casos concretos equivalentes a expropiaciones indirectas e ilegales, lo que ha generado una creciente preocupación, incertidumbre y riesgo para los propietarios y para los potenciales inversionistas.

En 2020, según el Reporte de Libertad Económica proporcionado por el Fraser Institute, el área de Sistema Legal y Derechos de Propiedad se había estabilizado obteniendo una puntuación de 4.23, tras haber recibido consecutivamente 4.15 en 2018 y 2019. No obstante, en 2023 la inestabilidad provocada por la inseguridad jurídica que genera las invasiones de tierra y las derogaciones de leyes que contravienen la Constitución de la República y diversos tratados comerciales, crea un deterioro importante en el caso de Honduras.

A Honduras no le ido bien en cuanto a Estado de derecho. En 2020 se reportó una mejora, sin embargo, ocupó el puesto 128 de 162 jurisdicciones en el mundo. Es un hecho que, una economía de mercado eficiente no es posible sin una estructura legal sólida y predecible que proteja los derechos de propiedad y contratación para todos, por igual y de manera justa. Mejorar en esta área es el mayor desafío y oportunidad del país.

En este mismo sentido, la falta de independencia judicial, imparcialidad e integridad, politiza el sistema legal y otorga privilegios especiales que violentan la ley, debilitando la libertad económica de otros miembros de la sociedad. La injerencia militar mediante los estados de excepción socava el Estado de derecho. El cumplimiento de los contratos es crucial. La debilidad en el cumplimiento de los contratos desalienta a las personas y las empresas a celebrar contratos libremente acordados, ya que deja a las partes con la incertidumbre de si los contratos se harán cumplir de manera justa y si las disputas se manejarán adecuadamente en el sistema legal creando mayor incertidumbre. La falta de confiabilidad policial y el alto costo del crimen agregan enormes gastos a los negocios, aumentan el riesgo y, en el peor de los casos, exponen a los empresarios a la violencia y la destrucción.

Honduras alcanzó su puntaje más alto en Estado de derecho en 2014 y no fue muy alto, solo 4.46. En 1985, Honduras cayó a su nivel más bajo en el Estado de derecho, 2.88. Ha mejorado un poco desde entonces, pero aún era solo 4.23 en 2020. La nación parece atrapada en un equilibrio peligrosamente bajo en el Estado de derecho. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se calcula que 2,400 millones de dólares se han dejado de invertir en el país a causa de las invasiones. Afectando principalmente al rubro de la agroindustria, tales como palma africana, caña de azúcar, melón, okra, camarón y la ganadería. Sumando pérdidas por encima de $120 millones por extorsión.

De igual forma en una publicación intitulada la “Inseguridad jurídica pone en riesgo la generación de empleo, atracción de inversiones, reputación y las finanzas públicas de Honduras”, divulgada en 2022, advertía que las “Acciones que no respeten las disposiciones legales aplicables, incluyendo tratados internacionales, pueden generar daños y perjuicios por encima de $1,300 millones de dólares al Estado de Honduras, ocasionar una controversia internacional, perjudicar a miles de familias hondureñas, y ahuyentar inversiones esenciales para un futuro próspero en Honduras”. Además de otra demanda a principios de 2023 “contra el gobierno de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la confiscación del control de la empresa en contravención de una orden judicial. El reclamo de la demandante es por 330 millones de dólares y fue registrado por la Secretaría del Ciadi”.

La protección de las personas y sus bienes legítimamente adquiridos es un elemento básico de la libertad económica y la sociedad civil. De hecho, es la función más importante del Estado. Los elementos básicos de un sistema jurídico compatible con la libertad económica son el Estado de derecho, la garantía de los derechos de propiedad, la independencia y ecuanimidad judicial y la aplicación efectiva e imparcial de la ley. Siendo indicadores del grado de eficacia en las funciones protectoras del Estado: la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, la protección de los derechos de propiedad, la interferencia militar en el Estado de derecho y la política, la integridad del sistema jurídico, el cumplimiento legal de los contratos, las restricciones regulatorias para la venta de inmuebles, la fiabilidad de la Policía y los costos empresariales por la delincuencia. Por ello, en Honduras es necesario fortalecer el sistema jurídico y los derechos de propiedad.

[email protected] Carlos G. Cálix es doctor en ciencias y director general de MacroDato. Posdoctorado IIESS-CONICET. www.carlosgcalix.com

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