BARLOVENTO: Estado municipal y tramos carreteros

Por: Segisfredo Infante

La primera organización deliberadamente construida en ligamen con las civilizaciones originarias del mundo, fue una estructura rudimentaria de Estado, en comunidades pequeñitas de la época de las revoluciones neolíticas. Tal organización estatal apareció como necesidad coordinadora de la división social del trabajo (en agricultura y ganadería) y de los primeros emplazamientos urbanísticos en donde también era indispensable la actividad dirigida, o espontánea, de los ingenieros, artesanos, administradores inteligentes y escribanos. Lo mismo que la acción de los mercaderes que intuyeron que el intercambio comercial podría ser favorable a diversas comunidades, con el fin de conseguir productos elaborados en otras lejanías. En consecuencia, había un sobrante económico interno que servía de base para sostener al Estado con miras a la redistribución racional de la riqueza (nunca irracional), “según las capacidades, aportes y funciones de cada cual”, que es una derivación utópica neotestamentaria, retomada por el famoso Barbudo de Tréveris (en su “Crítica del Programa de Gotha”, 1875), quien a su vez se pronunciaba, en sus años de madurez, contra el “igualitarismo” y contra diversas manifestaciones de “anarquismo”.

De hecho las naciones casi siempre han buscado, a lo largo y ancho de la “Historia” y por iniciativa comunitaria, la creación de riqueza con el fin de encontrar la comodidad física y espiritual de las colectividades e individuos. Empero, a veces tales proyectos han sufrido grandes reveses por motivos internos desastrosos y por causa de invasores violentos, tanto tribales como civilizados. En las guerras es archiconocido el pillaje de los invasores que buscan destruir el Estado, la dignidad de las personas y la riqueza de las pequeñas comunidades. Los vikingos solamente fueron un ejemplo inolvidable del pillaje sorpresivo en la “Baja Edad Media”. Lo mismo que las incursiones de los piratas sangrientos en la época colonial de lo que ahora es América Latina.

Hago énfasis en el concepto fraseológico de “pequeñas comunidades”, en tanto que ahí es en donde surgieron las primeras estructuras estatales, con sedentarismo y producción económica. Esto me ha llevado a pensar, durante varios años, que el Estado, en su forma originaria, era de tipo más o menos municipal: ya fuera en el contexto de Jericó, cerca del río Jordán; en las civilizaciones sumerias; en los primeros emporios egipcios y fenicios; en las ciudades “fraternas” de los griegos (bajo la forma de “polis” griega); en las comunidades cercanas al río Amarillo en China y al río Ganges de la India; y en las primeras civilizaciones prehispánicas, en las proximidades de los Andes suramericanos y en la vasta zona de una Mesoamérica heterogénea.

Uno de los tantos problemas básicos de Honduras ha radicado en la subsistencia orillera del Estado municipal, con pobrísimo desarrollo y con iniciativas tan débiles que a veces dan ganas de sollozar. Casi todo se ha centrado, en el curso de la vida republicana, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Y secundariamente en los municipios del corredor económico norte-sur. El Estado central ha asumido la mayor parte de las iniciativas, dejando para tercera orden la atención del Estado municipal. Pero es que los mismos alcaldes y habitantes de los municipios, sean grandes o pequeños y con las buenas salvedades del caso, han caído en un paternalismo extremo que esperan a que todo llegue de Tegucigalpa; o, en su ausencia, que llegue desde San Pedro Sula. Quizás por eso es que varios autores han insistido, en el curso de las últimas cuatro décadas, en el capítulo de descentralizar el poder en favor de las municipalidades. Personalmente pienso que la descentralización debe ser gradual, según las condiciones reales (subjetivas y objetivas) de cada cuenca, microcuenca y municipio. Por otro lado, también lo sostengo, hay situaciones vitales que solo pueden ser manejadas por el Estado central.

El Estado municipal, con sus empresarios locales y demás contribuyentes, deben construir con sus propios fondos los tramos carreteros y caminos de herradura que hagan falta en los linderos de cada comunidad. Todos los municipios canalizan impuestos y demás entradas; pero las autoridades edilicias hacen oídos sordos cuando se trata de arreglar o pavimentar. A veces responden con la historieta laberíntica que tal calle o carretera se localiza en propiedad privada. Tengo comprendido que casi todas las calles y carreteras son propiedad nacional del Estado. (Pero dejaremos pendiente este capítulo).

Puedo traer varios ejemplos de inoperancia local. Pero por ahora señalaré un solo caso de nuestra capital, en donde una familia eliminó una carretera de tierra que conectaba la cuesta del Chile con las zonas dos y tres de la colonia Cerro Grande. Por supuesto, los municipios casi siempre alegarán falta de autoridad y defenderán su incapacidad (concreta o inventada) de financiar cualquier proyecto de desarrollo infraestructural.