Juan Ramón Martínez
I
Después de la muerte de los dos primeros sacerdotes católicos, agredidos violentamente durante la evangelización cristiana, los curas doctrineros Verdeguete y Monteagudo que fueran asesinados por los indios de Taguzgalpa, “el 16 de mayo de 1667, salió de Guatemala, en compañía del padre predicador Pedro de Ovalle, Fray Fernando Espino, nombrado Comisario Apostólico para la reducción de los indios jicaques, en la misma región donde ofrendaron generosamente sus vidas los padres Verdaguete y Monteagudo”…..” El padre Espino llegó primero a Santa María en las orillas del río Guayambre y después traslado la colonia al lugar de San Buenaventura donde fue víctima de atropellos de un español dueño de tierras vecinas y hombres de voluntad omnímoda” (Cáceres Lara, Efemérides Nacional, II, 164). De estos hechos, el martirio de los dos sacerdotes, las relaciones entre los curas predicadores y los dueños de tierras y lavaderos de oro, en esta zona del país, se han hecho pocos estudios históricos. Incluso la Iglesia católica hondureña, tiene poco interés en las primeras víctimas de la evangelización colonial. Y aunque cuenta con inteligentes historiadores, estos no se interesan suficiente en estos temas, de enorme valor en la memoria colectiva de los católicos nacionales.
II
El cónsul inglés Federico Chatfield fue una figura muy dominante en los primeros años de la república independiente. Morazán tuvo que bregar con sus bellaquerías. Igual cosa hizo Juan Lindo que, incluso, llegó a entregar la Isla del Tigre en el Golfo de Fonseca a los Estados Unidos, para evitar su apropiación militar por parte de Gran Bretaña en procura del pago de una deuda de Honduras con la nación representada por Chatfield. En 1846, había sido apresado y encarcelado en Siguatepeque, durante 108 días, el comerciante inglés Federico Lesperance. Las autoridades hondureñas le habían capturado, bajo la sospecha de ser un espía a las órdenes del gobierno de El Salvador, declarado entonces enemigo de Honduras. El cónsul inglés, se dirigió al gobierno de Honduras, reclamándole una compensación monetaria por la suma de 15,189 pesos. El 17 de mayo de 1846, José Santos Guardiola ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, le contestó a Chatfield rechazando la pretensión del gobierno inglés. En la nota de referencia, Guardiola precisa que Lesperance había sido capturado en San Antonio del Norte, ahora departamento de La Paz, en la frontera con El Salvador, por lo que el gobierno de Honduras en vez de devolverlo a aquel país, lo había detenido para hacer las investigaciones correspondientes y que no se le había mantenido en prisión, sino que en vigilancia y con la condición de no poder abandonar la población de Siguatepeque. En la nota, además, Guardiola le hacía saber al cónsul inglés que, como representante extranjero, debía manejar “un lenguaje más moderado y propio del lugar que ocupa cuando se refiere a hablar del gobierno de una sociedad regularizada, aunque sea la más pequeña e insignificante de las del globo”.
III
El 26 de mayo de 1829, Francisco Morazán, Jefe del Ejército Aliado Protector de la Ley, dominada la ciudad de Guatemala, le escribe al Ministro General del Estado de Guatemala, en los términos siguientes. “En adjunto, la lista general de los sujetos que hasta la fecha entraron presos en el edificio de Belén, que se sirve pedirme de orden de su gobierno en nota de 24 del presente que contesto. Al hacerlo renuevo a usted las seguridades del aprecio que se merece. D.U. L. F. Morazán” (Francisco Martínez López, Biografía del General Francisco Morazán, 1899, 58). La lista contiene los nombres siguientes: “Miguel Gonzales Saravia, Jorge Ubico, Juan Chavarría, Antonio Villar, Juan Emeterio Echeverría, Luis Pedro Aguirre, José Piloña, Juan Ignacio Irigoyen, José Petit, José Velasco, Francisco Solivera, Pedro Menocal, Juan Monge, Blas García, Ángel Trevillas, José Bernardo Sagaceta, Mateo Subieda, Rafael García Sirtiaga, Miguel Nistal, José Vicente García Granados, Juan del Valle, Agustín Prado, Luis Basogostia, Domingo Payes, Ramón Pacheco, Juan Francisco Lanruaga, Francisco Quebedo, Manuel Arzú, Antonio Batres Asturias, Juan Piñol, Antonio Batres Nájera, José María Beltranena, Francisco Arrivillaga, Cayetano Pabón, Juan Pabón, Luis Batres, Manuel Beteta, Francisco Vigíl, Juan Ernesto Milla, José Santos Milla, José Justo Milla, Martiniano Córdova, Francisco Beteta, Manuel Bargas, Iñigo Barly, Manuel Gonzales, Mariano Asturias, José Antonio Ariza, Juan de Dios Castro, Manuel Ramírez, Basilio Porras, Pedro Gonzales, Pedro Arrazola, Calisto Sánchez. (Martínez López, 58)
IV
“El 19 de mayo de 1903, dos días después que el general Manuel Bonilla, tomara posesión de la Presidencia de la República de Honduras con las solemnidades de estilo, apareció en esta ciudad de Tegucigalpa y bajo la dirección del poeta y periodista Juan Ramón Molina el diario “El Día”. El suceso, al parecer de poca significación, estaba destinado a generar contra el naciente régimen una fuerte ola de oposición que culminaría en serios deterioros del poder público, en enconada campaña de sus adversarios, en el retiro de ministros liberales que formaban parte del gabinete y en el funesto golpe de estado de 8 de febrero de 1904. Ocurría que había en Tegucigalpa un diario independiente Diario de Honduras, el cual era propiedad del coronel José María Valladares, elemento que también había dado su concurso para el triunfo del general Bonilla, no solo en las columnas de su periódico sino en los propios campos de batalla. Molina también había sido “manuelista”, había ido a la guerra y redactado durante ella un boletín informativo para que se enteraran de los sucesos bélicos los pueblos ocupados por la revolución”. (Cáceres Lara, 168). El coronel Valladares, con fina ironía, pero sin disimular su disgusto, publicó al día siguiente una nota que decía: “EL DÍA. Ayer salió de los talleres de la Tipografía Nacional, el diario con cuyo nombre encabezamos estas líneas. Algunas personas creen que al concederse la impresión gratis de este periódico y otras franquicias más, se hace con la dañada intención de perjudicar la empresa del Diario de Honduras, primer defensor de la candidatura Bonilla—Dávila en la recién pasada campaña electoral. Próximamente diremos lo que le costará a la nación el sostenimiento de este órgano oficial, y desde hoy les advertimos a los interesados en la publicación de El Día, que por más que hagan para matar al Diario de Honduras, no se les cumplirán sus deseos, y que, por el contrario, les causará muchos dolores de cabeza”. La confrontación estaba servida. Y como escribiera Cáceres Lara, tendría funestas consecuencias para el régimen de Manuel Bonilla Chirinos.
V
El 3 de mayo de 1924, se firmó en Amapala, a las once de la mañana, el Pacto Definitivo que puso fin a la guerra civil de 1924. El pacto fue firmado por las partes en conflicto: el gobierno del Consejo de Ministros, que habían sucedido a Rafael López Gutiérrez fallecido en el mes de marzo anterior, representado en las negociaciones por los señores Alberto Rodríguez y Roque J. López y por la Revolución, Salvador Aguirre y Francisco López Padilla. Y endosado por el representante del Presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge, Sumer Welles. Por las reglas del aludido pacto, se confía la titularidad del ejecutivo a Vicente Tosta Carrasco, con facultades para nombrar la Corte Suprema de Justicia y los miembros del gabinete presidencial, obligándose además a darle “garantía eficaz de seguridad personal y de sus bienes para los jefes militares, oficialidad y tropa que hayan permanecido a la dictadura y al Consejo de ministros, lo mismo que para los de la revolución”. (Lucas Paredes, Drama Político de Honduras, 386) Y, al final, convocar a elecciones para que, por voto popular, se eligiera al nuevo gobernante de acuerdo con la nueva Constitución. En las elecciones celebradas, poco después, fue elegido Miguel Paz Barahona (Partido Nacional), quien gobernó el país hasta 1928, siendo sucedido por Vicente Mejía Colindres del Partido Liberal. Por primera vez, en la historia nacional, se sucedía un gobernante, de un partido distinto al que gobernaba durante las elecciones generales. Pero en 1933, llego al Ejecutivo Carías Andino y el rumbo democrático se torció, en forma injusta, para los hondureños.
