Rafael Delgado
El anuncio de la Presidente Xiomara Castro por medio de un tweet donde anuncia la crisis del mercado eléctrico del país nos recuerda varias cosas. En primer lugar, se confirma la escasa capacidad y voluntad que tiene el país y sus principales grupos políticos de impulsar procesos profundos de cambios. La crisis de la ENEE es algo antiguo. Por años y quizás décadas se ha venido identificando correctamente el potencial destructivo para el país de un sistema eléctrico incapaz de generar electricidad suficiente, con un sistema que falle permanentemente y con precios sumamente altos. Los escenarios que se han dibujado han sido diversos y todos indicando el camino calamitoso del mercado y de la ENEE. Pero todo se ha quedado allí en la discusión y a lo sumo en la aprobación de algunas decisiones que tampoco cortan desde la raíz las causas de la situación. Por ello seguimos recorriendo el mismo camino.
En segundo lugar, nos recuerda que las cosas no cambian sustancialmente ya que lo que actualmente ocurre le debe convenir a uno o a varios sectores del mercado eléctrico. Acordemos que estamos hablando de un mercado que mueve a la economía y desde el cual se generan miles de millones de lempiras en sus etapas de generación, transmisión y distribución. Deben de existir muchos proveedores, contratistas, consultores, acreedores, incontables empleados públicos y muchos políticos a quienes, bajo la situación prevaleciente, las cuentas les resultan. Por tanto, a pesar de lo caro que resulta al país, de ellos jamás saldrá una voluntad y decisión auténtica para sacar la situación del curso actual.
En tercer lugar, nos recuerda del alto costo que la crisis de la ENEE y del mercado eléctrico representa. Las interrupciones constantes, programadas y no programadas, son una tragedia para la producción del país que con cada uno de esos eventos padece sobrecostos y alteraciones en los planes productivos. El atraso en las reformas implica además mayor endeudamiento para el Estado hondureño que debe recurrir a medidas de emergencia cara y poco sostenible en el tiempo.
El futuro de la ENEE se definió hace mucho tiempo. Desde aquí en el país con el apoyo de los organismos internacionales se tomó la decisión que la empresa pública no cabía en el panorama nacional. Desde ese momento el proceso de debilitamiento, que ya existía por diferentes razones, se aceleró. Perversos incentivos afloraron respecto a una institución a la que públicamente se había declarado indeseable; lo que por muchos años se declaró nocivo para su salud operativa y financiera siguió ocurriendo promovido incluso por quienes la criticaban por ineficiente, en vista que apoyaba la idea de una institución sin remedio y además generaba beneficios particulares. Por ello los contratos de compra de energía eléctrica a precios muy por arriba de los justificados por el mercado; por ello los decretos de emergencia para legalizar los sobreprecios; por ello la falta de inversión en los sistemas de transmisión y distribución por donde se pierde miles de millones de lempiras en energía comprada. Cada año que pasa sin que nada pase en la ENEE es un argumento más a favor de los que ya tiempos declararon su fin. Algo así como una profecía autocumplida es lo que se desencadenó.
Los puntos están sobre la mesa hace mucho tiempo y es hora de ejecutarlos para fortalecer una institución pública que debe mantenerse. Es un hecho que una empresa pública aún bien manejada jamás tendrá los niveles de ganancia y rentabilidad que una empresa privada. Lo saben los países desarrollados que mantienen sus instituciones públicas funcionando, cumpliendo importantes objetivos de desarrollo económico y social que ninguna empresa privada lo hará. Por eso hay que emprender la reforma que oriente el desempeño de la institución hacia los grandes objetivos del país y que inicie con las principales tareas respecto a la reducción de las pérdidas, un plan de inversión que cierre la brecha en temas técnicos, el fomento de la energía renovable, la reducción del enorme sobreprecio que paga la institución por muchos contratos firmados al amparo de la corrupción.
