Mitad de los municipios: “Muy de acuerdo” con estado de excepción
A pesar de los fuertes operativos, la incidencia de la extorsión está costando erradicarla.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó su informe “Extorsión Bajo la Lupa”, en el que se han evaluado los seis meses de estado de excepción que ha vivido Honduras, y se registró que al menos el 8.4 por ciento de los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión.
Han destacado que de los 30 puntos que se establecieron como parte de las acciones contempladas en el Plan Integral de Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos solo uno se ha cumplido.
El director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, indicó que antes del estado de excepción se presentaba hasta 38 causas por el tema de extorsión y actualmente se refleja una reducción de al menos a la mitad.
“Eso viene a impactar en la necesidad de continuar con un estado de excepción y asimismo hemos promovido el análisis total de las 30 acciones que se plantearon el año 2022 por parte de la Presidenta para combatir la extorsión”.
“De la cual solo una acción ha sido cumplida al 30 de mayo, que es el tema presupuestario donde se han aprobado eso mil millones de lempiras a la DIPAMPCO”, indicó Castañeda.
Al tiempo que detalló que de este presupuesto solo se ha ejecutado al menos el cuatro por ciento que “han sido en su mayoría para viáticos y salarios”.
Dos están en proceso y 11 se consideran no cumplidos. Con respecto a los 16 puntos de acción restantes, la ASJ reveló que no hay información pública disponible para evaluar su cumplimiento.
El informe detalla que, según una encuesta nacional, estos son datos oficiales de la Policía Nacional, Juzgados en Materia de Extorsión, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) y la Secretaría de Finanzas, así como consultas con expertos.
Además, apunta que, entre el 6 de diciembre de 2022 y el 2 de mayo de 2023, de 800 personas detenidas por las autoridades, 194 fueron vinculadas a extorsión, la mayoría en Cortés con 84 detenciones y Francisco Morazán con 58.
La extorsión es un delito de alcance nacional, que no solo afecta a los departamentos con mayor densidad poblacional que contienen a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Cabe señalar que los departamentos que tienen la mayor tasa de extorsión son Islas de la Bahía con 17 por ciento, Colón el 13 por ciento, Atlántida 12 por ciento y Santa Bárbara 12 por ciento.
ASJ, destaca que la renuencia de la población a interponer una denuncia persiste, antes de este plan y el estado de excepción el 9 por ciento de los hondureños dijeron que haber sido víctimas de extorsión en el ultimo año.
En cuanto a los casos de extorsión judicializados, mientras que de 2017 a 2022 ingresaban al Poder Judicial un promedio de 38 casos al mes; durante el estado de excepción no han ingresado más de 20 casos mensualmente.
Según la encuesta aplicada en 173 municipios, aunque casi la mitad de los consultados, el 45.3 por ciento, dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el estado de excepción, 77.4 por ciento de los hondureños se sienten igual o menos seguros con las medidas implementadas por el gobierno y 43 por ciento considera que el plan reducirá las extorsiones.
Mientras la ASJ considera que todavía hay tiempo para fortalecer la estrategia contra la extorsión y el crimen organizado, y dar una respuesta efectiva al clamor ciudadano de seguridad.
Por lo que recomendó a la Presidenta, Xiomara Castro, llevar a cabo una evaluación técnica y objetiva de la implementación del plan y el estado de excepción; elaborar una estrategia colectiva e integral incluyendo a todos los sectores relevantes y fortalecer la investigación criminal aplicando el enfoque de seguir el dinero.
