La “novedosa” fiscalización política en Honduras

Por: Eduardo Enrique Fuentes Cálix*

En Honduras la administración electoral recientemente, ha sufrido profundos cambios, siendo la más visible la Reforma Constitucional en materia Electoral del año 2019; esa reforma suprime el Tribunal Supremo Electoral y crea el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, separando así, la función de administrar los procesos electorales, con la de conocer y resolver las diferencias que surgen de estos, no obstante, una de las reformas más significativas en esta materia se dio unos años antes, en el año 2017, con la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos; a ella, se integró el primer Pleno de Comisionados de la conocida Unidad de Política Limpia.

A pesar de esa última reforma, la fiscalización del financiamiento político es aún considerado como “nuevo” entre algunos sectores de la ciudadanía, siendo esta innovación, un componente esencial dentro del engranaje electoral de todo país, ya que es el encargado de garantizar la igualdad de condiciones entre los participantes en una contienda electoral.

Es más que importante estar sabidos que el financiamiento político en Honduras se divide en público y privado. El financiamiento público es otorgado por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral como “Deuda Política”, cuya suma se determina, tomando como base la cantidad de sufragios válidos obtenidos por cada uno de los candidatos en el nivel electivo en el que obtuvieron mayor cantidad de votos, en la última Elección General en que participaron.

El financiamiento privado, es una forma de participación de una persona particular u organización privada en la campaña de un partido político, movimiento o candidato (a), que puede darse en forma de contribuciones, donaciones, herencias, autofinanciamiento y otras maneras similares, siempre que sean permitidas por la ley y su origen sea cierto y lícito.

Si bien es cierto, el financiamiento público o privado que reciben los partidos políticos se da comúnmente en época electoral, la fiscalización de los mismos, de la que está a cargo la Unidad de Política Limpia, no se limita a los procesos electorales, ya que los partidos políticos realizan actividad política permanente; por ello considero que su supervisión y vigilancia debe realizarse de la misma manera; tal como lo establece la Ley Electoral de Honduras: “Los partidos políticos pueden desarrollar en todo tiempo, actividades políticas con el propósito de fortalecer su organización, capacitarse, dar a conocer por cualquier medio su declaración de principios y programas de acción política, así como para fortalecer los procesos de fomento a los principios y valores cívicos y democráticos”.

El derecho de acceder al poder se basa en el principio de ser electo en igualdad: “competir en igualdad de condiciones para ser electos”. El principio es distorsionado cuando el sistema de financiamiento permite que los candidatos con más recursos o con mayor capacidad de recaudación, incrementen sus condiciones de salir electos, en comparación con el resto de los contendientes.

Si bien en nuestro país, el control de financiamiento político existe de manera formal hace poco más de seis años, desde mucho tiempo atrás se viene regulando en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, etc. Países en los cuales se puede identificar, sin mucho esfuerzo, cantidades de lecciones aprendidas como es el hecho irrefutable de fortalecer la institución encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Siendo este, un asunto de suma importancia; la Misión de Observación Electoral de la OEA durante el proceso de Elecciones Generales 2021, concluyó que la Unidad de Política Limpia carece de los recursos presupuestarios y humanos suficientes para ejercer sus competencias de manera oportuna; en el mismo informe se identificó la ausencia de límites legales al gasto de campaña de los partidos políticos (no así de los candidatos/as), lo que viene a generar condiciones de inequidad en la contienda electoral.

Por esto, en este momento histórico, es menester de la administración pública hondureña fortalecer el alcance de esta unidad, garantizar la formación profesional electoral en materia de financiamiento y fiscalización de sus funcionarios, para que cumplan con su mandato legal e histórico de garantizar el principio básico de igualdad en toda contienda político electoral; a través de un rol preponderante que permita a los partidos políticos certificar a sus candidatos y autoridades en esta materia; lo que solo es posible con el fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos políticos; todo, para lograr que la presentación de informes de gastos de campaña, no sea un mero requisito, sino un proceso que permita dotar de confianza y transparencia; bandera que toda institución política debe enarbolar; lo que sin duda alguna, fortalecerá la transparencia y el sistema electoral hondureño, que requiere estar a la vanguardia de una sociedad cada vez más exigente sobre el quehacer de los tomadores de decisiones.

*Máster en Gobierno & Administración Pública y Catedrático Universitario

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