Interventora había solicitado apoyo a la intervención, requisas y desarme en las cárceles
Varias comunicaciones internas giradas desde la extinta Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, revela que desde mayo, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien fungió por 40 días como presidente de dicha comisión, había solicitado de carácter urgente al entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y al recién nombrado Gustavo Sánchez, exdirector de la Policía Nacional, el apoyo para intervenir y hacer requisas exhaustivas de desarme al interior de las cárceles, pero dichas solicitudes habrían sido ignoradas y con escaso apoyo operativo táctico.
En la misiva con fecha del 10 de mayo, la viceministra Villanueva expresa que seguía el Plan Solución Contra el Crimen (SCC) ordenado por la Presidenta Xiomara Castro y que el mismo debía de contar con el apoyo de la Policía Nacional en lo que respecta a las operaciones tácticas y de campo, por consiguiente, pidió que los directores policiales fuesen instruidos al cumplimiento de la orden presidencial.
“(…) tengo a bien solicitar que por su digno medio y con carácter urgente se haga conocimiento de la Dirección General de las observaciones, consideraciones y requerimiento siguientes: Considerando la cantidad de población penitenciaria recluida, su entorno de gobernanza y el estado de fuerza institucional, se debe estructurar la operación de requisa de manera estratégica, priorizando en un primer momento a los centros penitenciario de Tamara y PNFAS (cárcel de mujeres) simultáneamente”, se lee en la comunicación enviada a unos días de haber sido nombrada como interventora.
Asimismo, indica el inciso uno de la nota del 10 de mayo, que los recintos penitenciarios de Ilama (El Pozo) y Moroceli (La Tolva) también debían de ejecutarse las requisas urgentes de forma simultánea y en lo que respecta a la cárcel de Siria debía de hacerse de forma independiente, pero transcurrieron los días y la solicitud de apoyo no era escuchada en tiempo y forma, según la evidencia del paso del tiempo.
Por consiguiente, en otra comunicación con fecha 19 de mayo de 2023, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, insistió al director de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez, actual ministro de Seguridad, que “por segunda ocasión” la Comisión Interventora integrada también por los abogados expertos en la temática, Sandra Rodríguez y Mario Chinchilla, colaboraran prontamente con el Plan presidencial ordenado para contrarrestar la delincuencia organizada y recuperar el control y gobernanza institucional en las cárceles.
En las misivas enviadas, destacan las acciones de urgencia en las cárceles de Tamara, El Pozo y Siria, en donde se habían elaborado estrategias de acción inmediata que podrían irse ampliando estratégicamente según los resultados y la información de inteligencia que llegaba hasta los interventores.
“(…) esta Comisión interventora continúa exhortando la disposición, colaboración y cumplimiento de la Policía Nacional de Honduras para el desarrollo de esta misión que es trascendental para la Seguridad Nacional y que marca un punto de inflexión en la historia de nuestro sistema penitenciario. Solicitamos, interponga sus buenos oficios y agilice la planificación, coordinación y ejecución de la siguiente fase de esta operación, de la cual ya se cuentan avances en el Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán. Agradeciendo la atención y su pronto apoyo en este asunto”, se destaca de otra de las solicitudes hechas por la Comisión Interventora y que “dormían el sueño de los justos”.
