Pleno determina mejorar la justicia en temas penitenciarios

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la situación que se vive en los centros penitenciarios del país, se realizaron varias acciones para potenciar el acceso a la justicia por parte de las personas privadas de libertad y víctimas.

En tal sentido, se instaló una Mesa Técnica de Preliberación, a fin de realizar la vigilancia y control de las penas y las medidas de seguridad, misma que, a la fecha, dicha mesa ha revisado 2,037 causas y 400 expedientes criminológicos, con especial atención a 19 personas que sufren de enfermedades graves y terminales.

Asimismo, el fortalecimiento del Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán, a través de la asignación de más personal.

La interposición de oficio de Hábeas Corpus Correctivos, en el que se han nombrado altos funcionarios judiciales a nivel nacional para que informen sobre la situación de todos los centros penitenciarios.

De igual forma, la creación de un único Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que integrará los circuitos judiciales en materia de Extorsión, Corrupción y Criminalidad Organizada, a fin de optimizar el talento humano y los recursos materiales para brindar una justicia más rápida y efectiva a la población hondureña; y,

Se giraron instrucciones a todos los órganos jurisdiccionales en materia penal, para que informen, sin dilación, el estado de las causas sometidas a su conocimiento y remitan las sentencias emitidas que causan cosa juzgada, al juez de Ejecución y a la Unidad de Antecedentes Penales, además se han girado las instrucciones necesarias para que el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán y con Jurisdicción Nacional, laboren durante este primer período de vacaciones del Poder Judicial, a fin de reducir la mora judicial en la fase de ejecución de la pena; así como al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión para que actualice su carga laboral y diligencie las causas sometidas a su juzgamiento.

ABSTENERSE DE JUICIOS

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó a los Tribunales de Sentencia y Juzgados de Letras en Materia Penal de todo el país, que, durante la semana del veintiséis al treinta de junio del presente año, se abstengan de realizar juicios orales y públicos o audiencias en las que se requiere la presencia del imputado (a).

Específicamente, cuando en esas causas las personas privadas de libertad se encuentren recluidos en los centros penitenciarios nacionales siguientes: Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán; Centro Penitenciario El Porvenir “Siria”, Francisco Morazán; Centro Penitenciario La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso; Centro Penitenciario “El Pozo”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara; y, Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en Támara, Francisco Morazán.
Se exceptúa aquellas causas en que la prisión preventiva está próxima a su vencimiento, en cuyo caso sí se deberá realizar el juicio o la audiencia que ya esté señalada.

De esta manera, se instruye a los Tribunales de Sentencia y Juzgados de Letras en Materia Penal de todo el país que realicen audiencias utilizando los mecanismos virtuales establecidos en el Código Procesal Penal y el reglamento de Audiencias Virtuales y su protocolo, según las capacidades técnicas instaladas, salvaguardando en todo momento las garantías constitucionales y procesales de todos los involucrados en cada proceso penal.

Ordenar a la Dirección de Infotecnología del Poder Judicial, que realice un estudio sobre la capacidad instalada en el Poder Judicial para avanzar en la implementación de las Audiencias Virtuales en todos los Órganos Jurisdiccionales en materia penal del país; e igualmente, coordinar, de manera urgente, con el Instituto Nacional Penitenciario y las autoridades encargadas del sistema penitenciario nacional, la implementación de estos mecanismos virtuales en los centros penitenciarios, para lo cual se deberá crear toda la normativa necesaria.

Se integró una comisión para la supervisión y seguimiento de todas las instrucciones emanadas en este Acuerdo de Pleno, así como para la elaboración del protocolo de actuaciones sobre audiencias virtuales, que debe ser aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

ESTADO DE URGENCIA

La presidenta, Rebeca Ráquel Obando, agregó que “la verdad que como seres humanos, podría decir que no hay ningún solo hondureño que no pueda tener temor en estos momentos, a lo que nos corresponde a nosotros como Poder Judicial es tomar todas y cada una de aquellas acciones que creamos que son necesarias, para el fortalecimiento de la justicia y en estos momentos declarar un Estado de urgencia, y coadyuvar con el Poder Ejecutivo como es nuestro deber como Poder Judicial que somos independientes pero complementarios con todos los demás poderes, solo así podemos tener un estado democrático fortalecido, incoando todas aquellas acciones que se deben de haber realizado no desde hoy, sino desde antes”.

“Estamos haciendo todo lo que en nuestras capacidades está para que impere el marco jurídico correspondiente y el respeto a los derechos humanos”, indicó.

No obstante, sobre lo encontrado y determinar que fueran unificados los circuitos inclusive el juzgado especializado en Materia de Corrupción, el magistrado Walter Miranda Sabio, respondió que “el circuito de corrupción no queda eliminado, lo estamos integrando para poder aprovechar de manera óptima los recursos humanos que tenemos en cada uno de los tribunales y poder sacar las causas, porque en el caso del circuito de extorsión está exageradamente cargado y esta sala nos va ayudar a lo que es bajar esa mora que tenemos en materia de extorsión”.

En lo que respecta al número de privados de libertad que estarían por gozar del beneficio de preliberación, Miranda Sabio afirmó que “hemos identificado al menos 2,400 expedientes y hay unos 400 pendientes que estamos pendientes de alguna documentación se han girado instrucciones del caso a los diversos juzgados y tribunales del país; para las personas que tienen enfermedades terminales o graves, estamos trabajando en consonancia con el Ministerio Público a través de la Dirección de Medicina Forense a efecto de que nos hagan llegar los dictámenes y estas personas puedan salir con algunos de los beneficios de preliberación”.

Sobre el tema de Derechos Humanos si serán garantes, la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada, Sonia Marlina Dubón, expresó que “estamos para garantizar el respeto, la vigencia, el ejercicio de los derechos fundamentales de las libertades públicas de cada uno de los privados de libertad, ese es nuestro compromiso, y en el marco de ello queremos mejorarle las condiciones de vida, y eso se va ejecutar a través de las recomendaciones que nos hagan los jueces ejecutores de alto nivel que se han nombrado, que nos van a dar recomendaciones para garantizar la seguridad individual de cada uno de los privados y privadas de libertad, estamos siempre por la lucha, el respeto y vigencia de los Derechos Humanos.

Acerca de los informes de los jueces ejecutores que tienen que proporcionar al Pleno sobre el hábeas corpus correctivo ampliado en todos los centros penitenciarios del país, la magistrada Dubón precisó que “la Sala Constitucional esta vigilante y coordinando las acciones de los jueces ejecutores, para que se haga un trabajo histórico que nos permita tener una población penitenciaria seriada, documentada”.

“Tenemos alrededor de 20 mil privados de libertad se están levantando fichas para identificación de cada uno de ellos, muestreos en los lugares donde la población es muy densa, estamos trabajando día y noche, los magistrados y magistradas que están en esta tarea nos están retroalimentando sobre su trabajo y estamos dándole seguimiento y esperamos dentro de poco tener los informes de los jueces ejecutores y tomar las decisiones del caso de manera pronta y oportuna. (XM)