Por: Carolina Alduvín
Con varias semanas de retraso, de acuerdo a la normativa legal correspondiente, ha iniciado el proceso para seleccionar y elegir a las máximas autoridades del Ministerio Público, como son el Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Desconocemos las razones tras la demora en instalar la Junta Proponente, que debe seleccionar una nómina de cinco candidatos y presentarlos al Congreso Nacional, para que este, con mayoría califi cada, haga la elección fi nal. Cierto, la Corte Suprema de Justicia es nueva, fue juramentada apenas en febrero y, para marzo debió haber abierto la respectiva convocatoria. El proceso, cuyas normas debería establecer la propia Ley del Ministerio Público, se está rigiendo por la misma ley preparada y obedecida para la elección de los actuales magistrados del más alto tribunal de la República.
Por lo que la Junta Proponente, en vez de estar integrada por cinco representantes, tiene siete; de los cuales tres, son funcionarios públicos, dos más simpatizan abiertamente con el partido de gobierno y apenas dos, son los únicos sintonizados con los intereses de la sociedad civil que los observa; intentan desde su condición minoritaria, además de transparentar la selección, que la ciudadanía les acompañe y respalde en su gestión; también, desvanecer la percepción general de que el proceso es una mera formalidad a seguir, dado que el nombre del supuesto ungido circula y resuena en los corrillos. Cons-cientes de la importancia capital del papel que juegan estos funcionarios en el combate a la corrupción, la impunidad y la impartición de justicia.
Los reporteros de los distintos medios de comunicaciones, insisten al entrevistarlos, en hacerlos sentir que desperdician su valioso tiempo, por lo anteriormente apuntado y dada la experiencia con la Junta Nominadora, cuyos esfuerzos por califi car en base a idoneidad y méritos, fueron desestimados por los miembros del Congreso, quienes terminaron eligiendo en base a componendas partidarias. A horas de cerrar el plazo para postular precandidatos, preocupa que los aspirantes se cuenten con menos de la mitad de los dedos de una mano, y que, en el último minuto se presente una avalancha, cuya presión rebase los fi ltros y salvaguardas que deben existir con el fi n de que la justicia no se parcialice desde sus propios cimientos.
La American Bar Association (ABA), organismo asesor y faci-litador del proceso, ha invitado a otros expertos del continente a orientar la discusión sobre el perfi l ideal de los postulantes; ellos señalan que los derechos humanos se vulneran cuando prevalecen la corrupción y la impunidad, que estos funcionarios deben destacarse por ser elementos imparciales de la sociedad, que en países mejor organizados, año con año, deben com-probar no ser militantes en partido político alguno, así como no tener procesos pendientes en los tribunales de la República, ni haber presentado demandas contra el Estado, o cualquier otro factor que presuma confl icto de intereses. Incluso, les resulta extraño que el propio Poder Judicial, por medio de su titular, sea quien dirija el proceso de selección de funcionarios cuyo deber es acusar, incluso a sus miembros, si se les encontrase indicios de haber actuado contra los intereses de la sociedad.
Categorizan los requisitos en cuatro aspectos; primero, la dimensión ética, el aspirante debe, sobre todo, ser una buena persona, comprometida con la justicia, tanto en su vida personal como profesional; segundo, debe contar con alta capacidad gerencial, puesto que no son quienes irán a investigar o litigar directamente, sino quienes están a cargo de los movimientos estratégicos de las diferentes fi scalías especializadas, en cuenta la que investiga casos de corrupción. Tercero, la dimensión científi co técnica; es decir, los conocimientos legales, procesales y jurídicos, su correcta aplicación en tiempo y forma, a modo de evitar que, mediante tecnicismos se desestimen evidencias, medios de prueba o testimonios. Por último, pero no menos importante, la aptitud física y psicológica para desempeñar el cargo, las características de personalidad y liderazgo que lo lleven a una gestión efectiva, sin admitir presión de parte alguna.
Polémico ha resultado el tema de las inhabilidades y tachas, tanto las expresas en la normativa, como las impuestas por la tradición no escrita de convivencia. No las borren invocando derechos humanos, que prevalezcan los de las personas de bien, no de los delincuentes. Hay que agregar a las tachas, haber colocado bombas en los años estudiantiles y que la cónyuge sea karateca.
