Enérgico llamado a proteger territorios y la vida de las poblaciones indígenas
La campaña “Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida” se extenderá por las próximas semanas.
Lima, Perú – Ante la creciente presión ejercida por las industrias extractivas y la falta de reconocimiento de los derechos ancestrales a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, la International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC).
Este llamado lo acompañan más de 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil, mediante la campaña “Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida” e instar con urgencia a los Estados a aplicar cabalmente la normativa internacional vigente para la defensa de los derechos territoriales indígenas.
Durante el Foro Regional de lanzamiento de la campaña, llevado a cabo esta semana, líderes y lideresas indígenas denunciaron las complejidades que atraviesan sus pueblos, así como la necesidad de que se garantice su seguridad jurídica de la tierra y el respeto por sus propias formas de gobernanza y gestión de los territorios.
“No estamos en un momento sencillo. En los últimos meses hemos presenciado el desalojo de comunidades indígenas sin ningún respeto por sus derechos”, explicó Neydi Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Guatemala.
“También vemos retrocesos a nivel legislativo promovidos por los propios gobiernos. Y esto se está dando en un contexto de una crisis climática que no podemos pasar por alto”, abundó.
Actualmente, de los 404 millones de hectáreas que habitan los pueblos indígenas en la región, aún en el 30 por ciento no se han reconocido sus derechos colectivos de propiedad o usufructo (FAO y FILAC, 2021).
LITIO Y PETRÓLEO
Asimismo, entre el 2017 y el 2021, se registraron más de 2,000 casos de comunidades afectadas por industrias extractivas en cinco países de Latinoamérica (RRI, 2022). Es esta realidad la que lleva a las comunidades a la férrea protección sobre sus territorios.
“En las comunidades de la provincia de Jujuy, Argentina, estamos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos”, reafirmó Beatriz Débora Sajama, del Grupo Mujeres Defensoras del Hábitat Natural. Comentó a la vez, que la reforma constitucional provincial abre las puertas al extractivismo para la explotación del litio. “Esto causa daños ambientales irreversibles y vulnera nuestros derechos a la tierra, al agua y a vivir en un medio ambiente sano”, deploró.
“Exigimos una Ley de Propiedad Comunitaria, dando cumplimiento a nuestra constitución nacional y a la consulta previa, libre e informada”, agregó. Por su parte, las lideresas Diocelinda Iza y Elvia Martínez de Luna Creciente, Ecuador, dando voz a las mujeres indígenas que luchan por la defensa de sus territorios ante el extractivismo, denunció la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní:
“Ha ocasionado la destrucción de ecosistemas, deforestación y contaminación, y también la criminalización, desaparición y asesinato de líderes y lideresas comunitarias”.
Hoy 20 de agosto se realiza una consulta popular por el Yasuní, “una oportunidad histórica para proteger y preservar lo que nos queda de la Amazonía, su biodiversidad y la vida de los pueblos indígenas”, enfatizan.
Otra problemática expuesta fue el caso de la región de las Cuatro Cuencas, en la Amazonía peruana, un territorio indígena afectado por la extracción petrolera y donde se está vulnerando el derecho de propiedad comunal.
“En Perú, el Estado mantiene todavía la propiedad sobre los recursos naturales, como los bosques, que en la mayoría de los casos son espacios ancestrales de los pueblos indígenas, y sobre los que solo se les otorga el derecho de cesión de uso”.
RESISTENCIA HISTÓRICA
“Esto pone en riesgo a los pueblos indígenas porque el Estado podría no respetar ese derecho”, afirmó Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).
El líder indígena Omar Jerónimo, de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’ort’i Nuevo Día, Guatemala, también resalta la resistencia histórica de pueblos indígenas como los Ch’ort’i, que han defendido su territorio por siglos ante opresiones coloniales y estatales.
“Se nos considera un pueblo violento, pero solo estamos resistiendo a ser sometidos por el Estado y a una institucionalidad que no es propia. En los últimos 500 años hemos sido invadidos y agredidos, pero hemos desarrollado múltiples estrategias para asegurar el futuro de nuestros pueblos”.
Narcotráfico, explotación y cambio climático; retos
A pesar de la existencia de diversos marcos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, existen serias dificultades para que estos se apliquen a niveles nacionales. Los líderes de los pueblos originarios se ven ante una encrucijada de identificar las limitaciones que coartan la implementación de estas herramientas para los territorios.
El desafío radica en apropiarse de estas herramientas y, simultáneamente, en desarrollar estrategias pertinentes en los propios países, destacó Tarcila Rivera, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).
Un marco crucial es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Nos hallamos frente a desafíos de magnitud que restringen la puesta en marcha de dicha Declaración, especialmente a nivel nacional, donde perdura la criminalización y ataques sistemáticos a líderes y lideresas de las comunidades indígenas”, detalló la defensora.
Esta problemática se agrava con la proliferación del narcotráfico, el cambio climático y la explotación de recursos naturales, dijo aparte, Darío Mejía, presidente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas.
“Asimismo, vemos crecer los discursos de odio en medios de comunicación que buscan disminuir la capacidad organizativa y de movilización de los pueblos indígenas. Las protestas no son más que el ejercicio del derecho a la participación, pues estos pueblos muchas veces están excluidos de los mecanismos de toma de decisión” añadió.
El Marco Mundial para la Biodiversidad, adoptado en la COP15, es un instrumento internacional que reconoce la contribución y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
En el cierre del evento, Kantuta Conde, Aymara integrante de la Red de Jóvenes Indígenas de AL, recupera la dimensión intergeneracional de la lucha, al sostener que las juventudes indígenas tienen la responsabilidad de continuar con los esfuerzos de quienes las precedieron.
