Por: Carolina Alduvín
Hace ya muchos meses que la voz de pitoreta aburre a sus audiencias internacionales y de paso avergüenza a la nación hondureña entera con su mentirosa cantaleta sobre los hechos de 2009. Da la impresión que lo invoca una y otra vez, para contar con la mejor excusa para abandonar la pesada carga que el mamarracho de sus sueños le ha impuesto para seguir manipulando la escena política en favor del imperio transnacional denominado FSP, del cual se ha convertido en un peón más, pactando la destrucción de nuestra democracia aun en construcción, soñando con un país de derruidas construcciones y harapientos habitantes dispuestos a adorarle a cambio de mendrugos, limosnas y constantes humillaciones. Pues algunos serviles ya se están poniendo creativos para complacerla desde el Congreso.
Lo peor es que, debido al bajo grado de instrucción de nuestra población y la maña de quedarse con el término más corto y fácil, pero del todo incorrecto, hace que todos repitamos la falacia millones de veces hasta sin estar de acuerdo; y como decía Goebbels -el ministro de propaganda de Hitler- una mentira suficientemente repetida… Es deber de todos los que amamos a Honduras revertir esta infame tendencia. El mismo año 2009, mientras el sucesor constitucional defendía al país con firmeza y valentía, de abusivas intromisiones internacionales, la Dirección de Investigaciones Legales sobre Derecho Extranjero, Comparativo e Internacional, del gobierno estadounidense elaboró un cuidadoso y exhaustivo reporte para el congreso de aquella nación.
En resumen, para los legos, el documento afirma en base a hechos y a las leyes vigentes en aquel momento que: 1) Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene la autoridad constitucional y estatutaria para conocer sobre casos en contra del presidente de la República y muchos otros altos funcionarios del Estado. 2) Adjudicar y llevar a cabo juicios, y 3) solicitar la ayuda de las fuerzas públicas del orden, para hacer cumplir sus mandatos. Y fue eso precisamente lo que aconteció, como lo prueba la orden girada por el juez Tomás Arita Valle, con fecha 26 de junio de 2009, al entonces jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general Romeo Vázquez Velásquez, en cuya parte medular se lee: sírvase capturar al Presidente de la República, a quien se le supone responsable de delitos CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICIÓN A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACIÓN DE FUNCIONES, a raíz del Requerimiento Fiscal presentado por parte del Ministerio Público.
También señala el referido informe que: la Constitución, en aquel momento, ya no autorizaba el juicio político, pero da al Congreso la facultad de desaprobar la conducta del presidente, de llevar a cabo investigaciones especiales en asuntos de interés nacional, y de interpretar la Constitución. En el caso contra el expresidente Zelaya, el Congreso Nacional interpretó el poder de desaprobar la conducta del presidente, incluyendo el poder de removerlo del cargo, con base en los resultados de una investigación especial extensiva.
Esta última no resultó tan laboriosa, puesto que la transgresión se hizo a la vista de las cámaras que los medios desplazaron hasta instalaciones militares donde se custodiaba el material -dícese que importado de Venezuela- para llevar a cabo la mascarada denominada cuarta urna, consulta popular declarada ilegal a petición del Fiscal General, a la que se cambiara el nombre por “encuesta de opinión”. Una Corte de Apelaciones para Litigios Administrativos, en dos ocasiones solicitó al presidente abstenerse de llevar a cabo la consulta, esta llevaba meses en debate en las páginas editoriales de los principales diarios nacionales; demostrando por una lado, la testarudez del señor y; por el otro, evidenciando las mejores intenciones de los formadores de opinión por alertar a la población sobre el debido respeto a la Constitución y leyes.
Sin embargo, no todo resultó inmaculado; la Constitución prohíbe expresamente la expatriación de ciudadanos hondureños. Cabe destacar que los hechos previos a la captura, se dieron sin violencia, la orden judicial no especificaba, pero sobre entendido que sería puesto tras las rejas. Quién tomó la decisión de exilarlo, debió prever la violencia que igual no se evitó; destrozos impunes organizados por sus fanáticos en calles y negocios, alguien me explicó el principio del mal menor, pero reconoce que lo adecuado era terminar la rabia de raíz. No fue lo que se clama.
