La verdad sobre la salida de Dante Mossi del BCIE
Por: Óscar Lanza Rosales
El rompimiento de relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, -un hecho que lamenté en su momento- complicó la reelección del economista hondureño Dante Mossi, como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para un nuevo período de cinco años, programado para comenzar el próximo 1 de diciembre.
La razón de esta complicación radica en que Taiwán, cuyo único aliado en Centroamérica es Guatemala y es uno de los principales accionistas del BCIE, no estaba dispuesto a respaldar la continuidad de un hondureño en ese banco regional. Esto llevó a Taiwán a iniciar una campaña en contra de la reelección de Mossi, y a promover a un profesional guatemalteco, Jaime Roberto Díaz Palacios, para sucederlo. Cabe mencionar que Mossi había seleccionado previamente a Díaz como su vicepresidente, para que ganara experiencia en ese cargo, pero este último, influenciado por su compatriota, el director por Guatemala en el BCIE, Pedro Brolo Vila (quien previamente había sido canciller), lo indujo a lanzar su candidatura de inmediato.
En el pasado, he denunciado la presencia de políticos poco comprometidos en la toma de decisiones técnicas en el BCIE, quienes, en lugar de contribuir al desarrollo de los países de la región, a menudo obstaculizan las buenas intenciones de la presidencia ejecutiva. Esto es lo que ha sucedido con Mossi, quien se centró en mejorar el control administrativo, la transparencia y la credibilidad de la institución durante su mandato. Este enfoque se tradujo en un aumento de dos escalones en la calificación de Moody´s Investors Service, pasando de A+ a AA, y en el crecimiento de los activos del BCIE, que pasaron de 10 mil millones de dólares a 17 mil millones.
Recuerdo el caso del fallecido expresidente del BCIE, el nicaragüense Harry Brautigam, quien realizó una destacada gestión para sacar al banco de una crisis profunda. A pesar de mis críticas, Brautigam me alentaba a seguir escribiendo sobre la interferencia política en el BCIE, evidenciando cómo algunos directores priorizaban sus intereses personales sobre el bienestar de sus respectivos países. En el caso de Mossi, éste se opuso a los directores en su demanda por un bono adicional del 20% de su sueldo (US$4,000) por residir en Tegucigalpa, cuando la mayoría de las sesiones son virtuales desde sus países de origen.
Los opositores de la reelección de Mossi, especialmente Guatemala y Costa Rica, quienes, se consideran los ungidos para dirigir el BCIE -con el apoyo de la oposición nicaragüense- han argumentado el alto financiamiento otorgado a Nicaragua, que, en los últimos cinco años, alrededor del 26% de la cartera de préstamos se destinó a ese país, lo que equivale a 3,500 millones de dólares. Y en 2022, ese porcentaje aumentó al 40% en comparación con el 21% de 2017. Sin embargo, es importante destacar que el BCIE se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para el régimen de Daniel Ortega, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus principales funcionarios, el aislamiento internacional y la suspensión de préstamos por parte de otras instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que se han sumado a estas sanciones, y en plena pandemia del COVID-19.
Mossi, se ha defendido argumentando que el BCIE, como entidad financiera regional, tiene la obligación de apoyar a uno de sus socios fundadores en una situación tan delicada. Él enfatiza que las decisiones no son sólo de su competencia, sino del directorio, que son los dueños del banco. Además, señala que el financiamiento se destina a beneficiar a la población, independientemente de los señalamientos al régimen de Daniel Ortega, de crímenes de lesa humanidad realizados por organismos de derechos humanos. Mossi subraya que el BCIE no entrega fondos directamente a Ortega, sino que los dirige a proyectos y planes de desarrollo, como el acceso a servicios básicos, hospitales y carreteras. Finalmente, argumenta que la entidad que preside se guía por principios económicos en lugar de políticos.
Es difícil negar financiamiento a un socio fundador como Nicaragua, aunque sea una dictadura. El banco nació y creció bajo las dictaduras de Anastasio Somoza en la misma Nicaragua, y de los gobiernos militares de los países del triángulo norte. Si se quiere cambiar su mística de trabajo, es necesario reformar la carta constitutiva del BCIE, para que la financiación sólo se otorgue a gobiernos que profesen principios democráticos y respeten los derechos humanos. ¡Esta es la tarea crucial que el BCIE debe abordar en el futuro!
