CIDH condena violencia sobre 36 defensores de los DD. HH.
Entre los países que registran la mayor cantidad de muertes, destaca, Brasil, Colombia y Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la alarmante y continuada violencia dirigida a personas defensoras de derechos humanos, durante el segundo cuatrimestre del 2023 y urge que los Estados tomen medidas para prevenirla, así como para investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Entre los meses de mayo y agosto, la CIDH observó que la violencia contra personas defensoras se ha mantenido en números alarmantes conociendo sobre el asesinato al menos 36 personas defensoras en la región.
En Guatemala, el 8 de mayo fueron asesinadas las defensoras e integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), Nicolasa López Méndez y Victoria Méndez Agustín en San Luís Jilotepeque, Jalapa. Al respecto, el Estado guatemalteco informó estar ejerciendo las acciones necesarias para individualizar a los posibles responsables. Señaló que, el caso se encuentra en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del departamento de Jalapa y que habría una persona vinculada al proceso por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos 5 personas defensoras en este período. En mayo fue asesinado el defensor Tolupán, Amílcar Vieda, en Yoro, Yoro, y el defensor indígena, Jacinto Meza, en Dulce Nombre de Culmí, Olancho. OACNUDH registró el asesinato de tres personas defensoras más, cuyos nombres se reservan por temas de seguridad.
En México, cifras de OACNUDH indican que al menos 3 personas defensoras fueron asesinadas con posible relación con su labor. Entre mayo y julio fueron asesinados el defensor LGBTI, Ulises Nava Juárez, en Aguascalientes, Aguascalientes; el defensor del medio ambiente Álvaro Arvizu en Tlalmanalco, Estado de México, y la madre buscadora Teresa Magueyal en Celaya, Guanajuato.
Es urgente que los Estados conduzcan las investigaciones correspondientes de forma exhaustiva, seria e imparcial, y que tomen como primera hipótesis la posible vinculación de la labor de defensa de las víctimas.
El Estado mexicano indicó a la Comisión que a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha brindado atención a personas defensoras y sus familiares, incorporándolas al mismo e implementando medidas de protección, las cuales se encontrarían vigentes.
Ante la persistencia de la violencia contra personas defensoras, los Estados deben facilitar las y condiciones necesarias para garantizar el libre ejercicio de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y erradicar violaciones por parte de agentes estatales o particulares.
