Por: Rafael Delgado Elvir*
Carlos Zelaya, diputado por Libre y secretario del Congreso Nacional, expresó recientemente frente a los medios de comunicación que su partido tiene el derecho a dirigir el país y también a administrar la justicia. Lo aseguró en el marco de la discusión sobre los fallidos intentos de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en los que ha sido imposible lograr una mayoría calificada. Puntualizó además que la solución es que finalmente se entienda sobre ese derecho que tiene Libre como resultado de las elecciones pasadas.
Estas declaraciones nuevamente muestran abiertamente los intentos y también éxitos que han tenido los grupos organizados que representan el atraso, de capturar para ellos las instituciones del país. Está claro que en el pasado caímos muy bajo ante tantos desmanes que desde el poder político y económico se provocaron. Es en efecto larga la lista de abusos y de arreglos oscuros a que se llegaron negando principios fundamentales escritos en las leyes del país. Pero al parecer esa tendencia no ha parado, ni mucho menos se ha revertido. Los colores han cambiado, pero las costumbres nefastas de repartir el poder para fines no legítimos siguen allí marcando la dirección y la intensidad de los acontecimientos.
En estos intentos ya no se trata de posiciones políticas de partido ni de principios democráticos, sino de intereses de las cúpulas autoritarias dentro de los mismos. Tampoco se trata del deseo de aplicar la justicia persiguiendo el crimen y la corrupción independientemente de donde venga. Está claro que debido a que el crimen, el narcotráfico y la corrupción son fenómenos presentes en todas las cúpulas de los partidos políticos, el nombramiento de autoridades públicas, sigue motivada por los deseos de capturar las instituciones para ponerlas a funcionar a su favor y en contra de sus adversarios. La factura la ha pagado el país con niveles bajísimos en los principales indicadores que miden la salud institucional y económica del país, ubicando al país en la cola, muy detrás incluso de países de la región.
Hay una relación de fuerzas en el Congreso Nacional que es imposible negarla y pasar sobre ella. A partir de esa realidad se deben lograr los consensos, pero en el marco de la ley y de los principios democráticos que no consignan como derecho repartir las instituciones como botín después de un asalto, ni a adjudicarle a una cúpula determinada el control de la justicia del país. A respetar esos principios están obligados en privado y en público cualquier diputado.
Libre sigue desperdiciando esa irrepetible coyuntura política de la que cosechó en las elecciones pasadas. Los votantes hartos de doce años de gobiernos nacionalistas corruptos e irrespetuosos de la ley, unió su voto para sacarlos y terminar con ese capítulo de la historia política de Honduras. El rechazo hacia el pasado inclinó la balanza con lo que se manifestó claramente el deseo profundo del ciudadano de tener funcionarios y diputados que combatieran la corrupción, que fueran respetuoso de las leyes, inspirados en deseos de cambio y de consensos patrióticos. Ese fue el mandato expresado en las urnas.
Pero como existen tres papeletas, el votante eligió a la candidata de Libre para dirigir el Poder Ejecutivo y además asignó diferentes grados de representatividad a los partidos políticos en el Congreso Nacional y en los gobiernos locales. Eso es lo que se manifestó en los resultados electorales y que se concretiza tanto a nivel nacional como municipal en mayorías simples o calificadas para uno u otro partido que no le abren ni a los mismos partidos ni a las cúpulas de las mismas ningún derecho para reclamar como suyas las instituciones. Lo que manifiesta Carlos Zelaya y que es la posición oficial de la cúpula de Libre, son planes peligrosos para el país y sus instituciones. Seguramente su pretensión, que Libre tiene derecho a administrar la justicia del país, se agregará a la lista de declaraciones absurdas que desde diferentes espacios de la política se han lanzado como bofetadas en contra de la ciudadanía y la democracia hondureña.
*Economista. Catedrático universitario.
