Independencia y recuperación patria
Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
La legitimidad se define comúnmente en las ciencias políticas y la sociología como la creencia de que una regla, institución o líder tiene derecho a gobernar, por ello, la legitimidad de origen consiste en el acceso al mando y el ejercicio del poder de acuerdo con la forma prevista por la propia comunidad a través de la constitución vigente, la cual a su vez se asienta en la tradición política del pueblo como medida de legitimidad y principio de interpretación de la constitución jurídica, en la pura teoría democrática la legitimidad de origen responde a la pregunta ¿Quién debe gobernar?, es decir se refiere a la forma, el modo como se llega al poder o sea como se escogen o se seleccionan los gobernantes.
Junto a la legitimidad de origen y no menos importante que ella encontramos a la legitimidad de ejercicio que responde a la pregunta de ¿Cómo se gobierna? , es decir a la forma o modo en que se ejerce o se desempeña el poder y entendiendo que el fin teleológico del Estado es el bien público o bien común, si se atenta contra este, no importa que un gobierno tenga legitimidad de origen pues en su incumplimiento y alejamiento de los principios y valores democráticos, en la negación de procurar el bien común de la sociedad y sustituirlo por intereses personales o grupales pierde ut sic dicha legitimidad.
Puede suceder y ha sucedido innumerables veces que un gobierno ascienda al poder por la voluntad mayoritaria del pueblo expresada de manera libre en las urnas electorales y en ese sentido tiene legitimidad de origen pero si sus actuaciones una vez asumido el poder no se ajustan a los principios, postulados y valores de la democracia destruya su legitimidad de ejercicio como sucede hoy en el caso de Honduras, donde los principios propios del Estado Constitucional moderno como son: el principio de legalidad, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la defensa jurídica de los mismos en igualdad de condiciones ante los tribunales de justicia y la soberanía del pueblo vía representación, se han violentado y tergiversado en la frenética búsqueda de implantar un gobierno indefinido a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Vale decir que Libre, el partido de gobierno, ascendió al poder legítima y legalmente como producto de la expresión popular de rechazo a 12 años de administración del PN que sistemáticamente rompió con aquellos principios y con la misma legitimidad de origen, sin embargo, en 19 meses de administración y como producto de sus equivocadas ejecutorias así como su desdén por el principio de legalidad resquebrajado por acciones del Ejecutivo, por la delictiva negativa del titular del Legislativo, de cumplir con la obligación constitucional de convocar a sesiones al CN y de elegir bajo el principio del gobierno de las mayorías al Fiscal General y Fiscal General Adjunto, así como la creación de acuerdos de impunidad para los adláteres de Mel Zelaya, ha ido perdiendo paulatinamente esa legitimidad de ejercicio y el respaldo del pueblo que ahora en un 80% tiene una imagen negativa de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y de su gobierno.
No hay la menor duda que Libre no ha sabido concitar la voluntad democrática del Congreso Nacional en favor de sus ejecutorias o pretensiones, todo debido a que esa soberanía popular a la que tanto aluden, no les dio en el proceso electoral un cheque en blanco, no les otorgó ni siquiera la mayoría simple de 65 diputados en el órgano legislativo, es decir, no les entregó el poder absoluto, por el contrario, el mandato del soberano fue que quien gobierna tiene la responsabilidad de buscar y construir los consensos con los partidos de oposición para la toma de decisiones trascendentales para la sociedad hondureña y que, las acciones del gobierno deben sujetarse a esos parámetros, al principio de supremacía constitucional y al de legalidad que no les permite ir más allá de lo que la carta magna y las leyes ordenan taxativamente.
La expresión de irracionalidad, de autoritarismo, de imposición a la fuerza, de descontrol emocional, técnico, profesional, político y hasta psíquico de los funcionarios de gobierno ante la crítica constructiva, ante el señalamiento de garrafales errores en el ejercicio de la función pública, de propuestas alternas para solucionar los graves problemas del país como la falta de empleo, la inseguridad de personas, bienes y jurídica, crisis en la salud, la educación, la inversión nacional y extranjera, la debilidad del Estado de Derecho y de la institucionalidad, los problemas del cambio climático, la problemática de la propiedad privada y otros tantos, son muestra fehaciente de dos cosas preocupantes, la errónea creencia de Libre que deben gobernar solos a su antojo como lo expresó recientemente Carlos Zelaya, secretario del CN y hermano de Mel, al indicar que porque ganaron las elecciones deben administrar el Estado, la Justicia y hasta el CN sin cortapisas ni división de poderes, mucho menos su equilibrio y dos, la demencial búsqueda de construir un ambiente para quedarse más allá del período presidencial sin haber resuelto ninguno de los grandes problemas nacionales.
No cabe la menor duda que Libre ha equivocado el camino y que en ese afán miope de usufructuar el poder se olvidó de hacer aquello para lo que fueron electos, que es gobernar para las mayorías y minorías del pueblo hondureño y que por ello han perdido el calor popular que los califica como un gobierno fallido en un 80% y por lo tanto han perdido toda legitimidad de ejercicio.
(*) Abogado y Notario. Catedrático de Dro. Constitucional Unah.
