Por: Rodolfo Dumas Castillo
Recientemente una reconocida empresa publicó los resultados de una encuesta realizada en septiembre que reveló algunos datos interesantes, incluyendo una disminución sustancial en los niveles de aprobación de la actual gestión presidencial, una preocupante caída en la confianza que los hondureños tienen en la democracia y un creciente porcentaje de personas dispuestas a abandonar el país para construir sus vidas en naciones que ofrecen mayores oportunidades.
Sin duda la insatisfacción con el gobierno no sorprende, teniendo en cuenta el pobre desempeño que ha tenido para construir un ambiente que permita la generación masiva de empleos, la atracción de inversiones y facilidades para los emprendimientos, con severas deficiencias en educación y salud. Nada de extrañar cuando se desaprovechó la oportunidad histórica del nearshoring por incapacidad y falta de visión, se resisten tercamente a implementar una profunda simplificación administrativa y persisten la falta de apoyo a sectores productivos, mientras muchos son estigmatizados o injuriados.
La inclinación por abandonar el país está íntimamente relacionada con los otros dos temas pues la realidad es que cualquier emprendimiento se enfrenta a una gigantesca muralla de obstáculos burocráticos, de cargas impositivas y de deficiencias estructurales que fomentan la informalidad, incluyendo servicios públicos tremendamente deficientes.
La pérdida de confianza en la democracia tampoco sorprende dado que no ha satisfecho las necesidades básicas de la población (problema que no es exclusivo de Honduras). En las últimas dos décadas, la administración pública fue ineficiente, altamente corrupta y hasta cómplice del crimen organizado. A pesar de la creciente digitalización de nuestras vidas, el Estado se mantiene distante, perpetuando trámites obsoletos y complicados, que le permiten sostener una cantidad excesiva e injustificada de burócratas. Simultáneamente la clase política ha producido “especímenes” que justifican a quienes disuaden a la juventud de involucrarse en política por considerarla una actividad inherentemente deshonrosa.
Este último es el elemento más grave de la encuesta, pues implica que el ciudadano estaría dispuesto a cualquier otra cosa, inclusive a perder libertades y derechos civiles, con tal que se resuelvan sus problemas más urgentes. Lo más dramático es que el inmenso valor de esos derechos generalmente no se reconoce hasta que se pierden. La alternativa a la democracia siempre implica una concentración de poder que genera abusos, exclusiones y desigualdades.
Sin embargo, en lugar de verlo como un obstáculo insuperable, deberíamos interpretar este resultado como un llamado de atención para fortalecer y revitalizar nuestro sistema democrático, para lo cual es crucial fomentar la participación ciudadana. Contribuir a debates públicos, postularse a cargos de elección y colaborar en iniciativas cívicas, son mecanismos formidables de empoderar a la sociedad civil. Para una visión más profunda y detallada de este tema, con énfasis es aspectos éticos, recomendamos “El lado oscuro de la política”, formidable libro del periodista Aldo Enrique Romero.
Buena parte del cambio debe surgir del mismo Estado que, para reconstruir la confianza, debe crear puentes entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales, impulsando la transparencia, rendición de cuentas, simplificación administrativa y primacía del debido proceso. Con instituciones más accesibles (especialmente en materia de justicia), comunicativas, receptivas a las preocupaciones ciudadanas, que generen respuestas rápidas y que sean facilitadores de los negocios en lugar de obstáculo, la población eventualmente reconocerá su relevancia y recuperará la confianza en ellas.
La educación desempeña un papel crucial en fortalecer la democracia, capacitando a la población para comprender asuntos públicos, evaluar líderes críticamente y participar informadamente en el proceso democrático. La inversión en educación, es clave para la sostenibilidad a largo plazo de la democracia, desafiando el tabú que vincula el servicio público con desprestigio y motivando a jóvenes talentosos y honestos a ingresar en la política. Basta ver el comportamiento de nuestros diputados actuales y de los que en el reciente pasado, construyeron un pacto de impunidad, para entender que a Honduras le urge una renovación. La pérdida de confianza en la democracia no debe ser vista como un callejón sin salida, sino como una oportunidad para corregir nuestro camino. La responsabilidad de reconstruir la confianza no recae únicamente en las instituciones, sino en cada ciudadano comprometido con el futuro de su nación.
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