Los resultados que se esperan del Congreso Nacional

Rafael Delgado Elvir

Diga lo que se diga desde el gobierno y desde las cúpulas políticas, la ciudadanía tiene un juicio claro y preciso: la crisis legislativa se debe a que en el Congreso Nacional desean que se nombre a un fi scal leal y obediente, que acuse a los otros, pero que no acuse a los propios que posibilitaron su nombramiento. Pero no son propiamente los partidos políticos como expresión de millones de hondureños quienes han decidido eso, ya que a éstos últimos no se les toma en cuenta en nada.

Son más bien las cúpulas antidemocráticas de cada uno de ellos, quienes lo han decidido así con el poder y control que ejercen sobre las bancadas representadas en el Congreso Nacional. A su vez y de igual importancia es que algunos diputados tanto del PN como de Libre y el PL temen elegir un fiscal independiente por menciones y acusaciones de corrupción, así como de nexos con el delito que se les han hecho a ellos y sus posibles consecuencias en el futuro. Insólito para un país que pretende ser democrático, pero cierto. Lo que estamos viviendo pone en precario muchas cosas. En especial la constitución de la CICIH como mecanismo internacional, independiente y efi caz que ha sido exigido por la ciudadanía, para aportar al mejoramiento de la justicia del país, está en precario.

Quizás en el fondo ya nadie en las cúpulas desee la CICIH realmente en esa forma, prefiriendo y trabajando sutilmente por una misión internacional manejable y dependiente a sus intereses. Sin embargo, la ciudadanía se resiste a esa opción mediatizada y tampoco es lo que al menos oficialmente informan desde la ONU. Como se sabe también hay otras cosas que entorpecen la llegada de una misión internacional. Se han aprobado leyes que serían obstáculos para la misión, anulando la posibilidad de éxito en su trabajo de perseguir la corrupción. Por ello es necesario que el Congreso Nacional, en lo que le corresponde, quite el blindaje que se le ha dado a través de decretos legislativos a actos, así como a diferentes actores ligados a la corrupción.

Uno de los temas que se ha perdido en la discusión del día sobre la inoperancia del Congreso Nacional, es que existe un proyecto de presupuesto general de la república que debe ser discutido y aprobado. Se trata de una aprobación de suma importancia para el país y por los vientos que soplan será nuevamente algo muy superficial lo que se hará para elevarlo a ley. Es una lástima ya que el presupuesto es una herramienta de política pública que puede marcar la diferencia entre un ayer y un mañana, en el caso que se haya elaborado pensando en la gente, controlando los desbocados intereses que se articulan en el mismo. Desde hace ya muchos años vemos la necesidad de un presupuesto que se someta en su ejecución a principios básicos de efi ciencia y transparencia.

Se sabe además que esto solamente se producirá si quienes ejecuten el mismo sean funcionarios al servicio del país y no condicionados por el sometimiento a quien los puso en el cargo. El actual proyecto para el 2024 contempla, para completar los ingresos propios, un nuevo endeudamiento por montos estimados de 71 mil millones de Lempiras, a pesar de los niveles altos a los que ya hemos llegado. Es necesario enfatizar que eso significará recursos frescos, pero que no impactarán o solamente de manera tangencial en los indicadores económicos y sociales, si la ejecución se hace sobre la misma base institucional carcomida por la corrupción e ineficiencia, así como por una dirigencia política afanada en el logro de sus intereses particulares de cúpula. No es poco el precio que se le exige a la ciudadanía. Serán 156 mil millones de Lempiras que tendrán que entregar a través de los impuestos que se le cobran, sobre todo a través del impuesto sobre la venta y un poco atrás con el impuesto sobre la renta. Por ello es una exigencia no negociable que los diputados, de manera independiente y pensando en el país, den resultados congruentes con lo que la ciudadanía espera.