Por: Carolina Alduvín
Los diputados de nuestro Congreso Nacional son responsables por buena parte del embrollo en que toda la nación está comprometida en este momento. Expertos en transmisión electrónica de datos y los propios observadores electorales de la sociedad civil, fueron testigos de numerosas irregularidades, no en las juntas receptoras de votos, sino diferencias entre lo reportado en las mesas y lo publicado en las instalaciones del CNE. A la hora de los conteos y reconteos, se les permitió la entrada, pero no acercarse lo suficiente a los escrutadores, como para constatar sin lugar a dudas que los números en actas y dispositivos electrónicos eran coincidentes. Se estima que, en el nivel de diputados, se cometió fraude en detrimento de al menos, un partido.
Poco antes de arrancar la presente administración, los diputados comenzaron haciendo lo correcto, hasta que los liebres desconocieron el procedimiento legal para elegir su junta directiva e impusieron, mediando triquiñuelas y violencia, a la camarilla ilegal con títere a la cabeza que, a la fecha, sigue presidiendo ese poder del Estado. Algunos expertos opinan que, al quedarse a la juramentación y primeras sesiones, entre todos legitimaron de hecho la usurpación y en ningún momento se preocuparon por revertir la ilegalidad, ni de consumarla de derecho. Así que, pese a toda la animosidad desplegada por miembros de otros partidos, al presentarse los proyectos de pacto de impunidad, derogación de algunas leyes nefastas y de la aprobación de fondos departamentales -o como les llamen ahora- torcieron sus voluntades y consiguieron sus votos.
Hasta que propuestas de ley más amenazantes comenzaron a querer tocar los intereses de quienes verdaderamente representan; así, llegó un proyecto de ley de supuesta justicia tributaria que lejos de aprobarse, los hizo reaccionar y recordar que sus jefes comen en el mismo plato, formaron un frente opositor que le comenzó a complicar los planes al familión y sus amos extranjeros. Dada su discreta habilidad para negociar y a estar acostumbrados a hacer todo por candelas, sacaron las uñas y comenzaron a arreglar todo a su favor mediante nuevas y más notorias ilegalidades; al fin y al cabo, cuentan con la pasividad y el conformismo de la población que, por hartazgo, no por simpatía con ellos, los encaramó a donde nunca debieron llegar.
Así que siguieron violando reiteradamente procedimientos, normas, reglamentos, leyes y, como fue necesario, la misma Constitución, para salirse con la suya en lo banal, lo importante y lo vital para que no extraditen a sus miembros -nada en el mundo los acobarda más. Por eso el afán de un Fiscal General a su medida, un incondicional y arrastrado como su peón en el CN. Ningún bando apostó por lo correcto, que era respetar las recomendaciones y evaluaciones del cuerpo colegiado designado al efecto, la Junta Proponente; entonces, desconocieron su trabajo, fabricaron sus propios promedios, ignoraron a la mejor calificada -aun siendo simpatizante de su propio partido- se saltaron al segundo y se empecinaron con el más maleable.
El plazo señalado en la ley para elegir las nuevas autoridades se venció, pero nunca se produjo ausencia total o acefalía en el Ministerio Público, entonces se recurrió a la dilación, a la parálisis legislativa, importando poco a todos, pero en especial al expresidiario, que no se siguiera legislando, que los trámites para que siguiera funcionando la maquinaria del Estado quedaran en suspenso, que se fastidiaran derechohabientes y usuarios, inversionistas y trabajadores, importando solo sus mezquinos intereses. Entretanto, los intentos de convocatoria por parte de la mayoría no plegada a los caprichos liebres, se diluyeron con viajecitos, asuntos personales y negociaciones infructuosas para ambos bandos. Jamás se tomó una decisión en función de los mejores intereses de la sociedad, como respetar la nómina y el orden señalado por la Junta Proponente y que imperara la independencia y profesionalismo en el cargo de Fiscal General.
Así que la facción con el títere redondo a la cabeza, a demostrar que los alumnos salieron corregidos y aumentados con respecto a sus maestros cachurecos, a violar Constitución y demás leyes en los artículos que señalan los expertos y circulan en comunicados ciudadanos, par imponer fiscales espurios y al servicio de quienes se aferran al poder para no ser extraditados. Con el asalto al MP se completa el esquema autoritario y viene la revancha, como se lee entre líneas en la convocatoria por bancadas. Nadie debe obediencia a autoridades espurias.
