Detención judicial para implicados en millonaria compra fraudulenta de 7 hospitales móviles
Las exministras de Finanzas Rocío Tábora y de Salud, Alba Consuelo Flores, fueron declaradas “prófugas”.
El juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en resolución de audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial para tres imputados en la millonaria compra fraudulenta de siete hospitales móviles y plantas de tratamiento para atención de pacientes COVID-19.
Los encausados a quienes se les dictó la medida anterior son al asesor legal y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera; al excontador de Invest-H, Carlos Luis Guevara y al representante legal de la empresa AG-Industria Daniel Antonio Ardón, acusados de Fraude a título de cooperador necesario.
El juez programó la audiencia inicial para realizarse el próximo martes 14 de noviembre, momento procesal en el que la Fiscalía ratifica o modifica los cargos en contra de los encausados y la presentación de la prueba mínima en busca de que se dicte un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.
Las aprehensiones de dos de los encausados fueron ejecutadas por equipos de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron en la residencial Los Pinos de Santa Rosa de Copán, Copán, al representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, acusado de fraude a título de cooperador necesario y en la aldea El Hatillo al asesor y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores, acusado por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
El requerimiento fiscal fue presentado contra siete personas, dentro de las cuales cuatro se encuentran con órdenes de captura vigente, las que una vez ejecutadas, estas personas deberán comparecer igualmente el juez de esa jurisdicción especializada en materia de criminalidad organizada y corrupción para realizar su propia audiencia de declaración de imputado.
PRÓFUGAS
Las que se encuentran en calidad de prófugas de la justicia son la exministra de Salud Alba Consuelo Flores Ferrufino acusada de falsificación de documentos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios, la exministra de Finanzas Rocío Tábora, señalada por el delito de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios, igual forma, la ex viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios; la funcionaria de Invest-H asignada al área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, quien es acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
La defensa privada de las exministras de Finanzas y Salud presentaron el jueves un escrito de presentación voluntaria al Juzgado, pero esto no ocurrió, por lo que las órdenes de captura dictadas por el juez se mantienen vigentes.
“El martes valoraremos la prueba, el requerimiento no ha sido discutido, el juez tendrá toda la libertad de conocer cuales en sí la participación de estos señores, en los hechos”, explicó el defensor Juan Sánchez Cantillano.
Asimismo, “el pueblo hondureño ya sabe quiénes son los que participaron en la compra de estos hospitales móviles y que grado de supuesta participación pudieron tener este tipo de funcionarios de cuarta o quinta categoría”.
Sostuvo que uno de los delitos es violación a los deberes de los funcionarios que no establece una pena, solamente establece una multa en el grado de participación que pudo haber tenido en el acto, el fraude es de dos a cinco años, una pena puede ser resuelto con una medida judicializadora.
La abogada Ritza Antúnez, quien defiende al asesor legal y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera, espera que conforme a derecho se valoren las pruebas, y en el caso de mi representado se le sobresea por lo que se ha procesado por parte de la Fiscalía es por un borrador de un proyecto de ley o decreto del cual no pueden acreditar que su representado lo hizo porque no hay una firma.
MIL MILLONES DE LEMPIRAS
Según la acusación, el Estado a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), pagó mil 174 millones 517 mil 764 lempiras para la compra de los hospitales móviles, proceso que se realizó al margen de la ley para beneficiar a la empresa contratante, de acuerdo a la argumentación del ente acusador del Estado.
En la acción penal presentada, se detalla que se giró orden a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para que traspasara 950 millones 22 lempiras a Invest-H, ya que esta última no contaba con el presupuesto para pagar por esos hospitales y plantas de tratamiento.
Señala el Ministerio Público, tal como fue argumentado en otro juicio sobre los mismos hechos, que se realizó una modificación del renglón presupuestario en las instituciones, ya que el dinero estaba destinado para “mejoras viales” y no para compra de hospitales, además se hizo efectivo el pago del 100 por ciento del valor sin requerir ninguna garantía.
Los tribunales en materia de Corrupción en otra acusación evacuada condenó al extitular de Invest-H, Marco Bográn, por la comisión a título de autor de fraude agravado y Alex Alberto Moraes Girón, por la comisión a título de autor del delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios agravada por acciones ligadas a los mismos hechos que ahora se señalan en esta nueva acusación que está siendo conocida en el nuevo circuito jurisdiccional en materia de criminalidad y corrupción. (XM)
