Por: Rodolfo Dumas Castillo
La corrupción le sigue causando daños demoledores a Honduras. El más reciente se materializó con un nuevo fracaso del país en los indicadores requeridos para acceder a los beneficios de la “Cuenta del Milenio”. Por supuesto que ese no es el único perjuicio que la nación sufre como consecuencia de su incapacidad de controlar ese flagelo, que también le impide al pueblo contar con servicios públicos de calidad, especialmente en educación, salud y seguridad.
Una parte del fracaso es imputable a un pasado reciente que se caracterizó por niveles descomunales de corrupción, inclusive en temas tan sensibles como la salud. Sin embargo, ya han transcurridos dos años del nuevo gobierno y los indicadores utilizados por programas como la Cuenta del Milenio ya no corresponden a administraciones anteriores, sino que a la actual, resultando evidente que muchas de las situaciones que afectan los resultados derivan del Poder Legislativo, ya sea por acción u omisión. Otros sectores contribuyen a esa percepción que al final se traslada a los resultados que el país obtiene en diferentes estudios sobre ese tema. En todo caso, es imperioso que se hagan mayores esfuerzos por derribar los obstáculos que aún quedan para una lucha frontal y eficaz contra la corrupción.
Persisten en nuestra legislación residuos del “Pacto de Impunidad”, aprobado en la administración anterior, siendo uno de los más relevantes un deficiente Código Penal que se debe abrogar y sustituir por uno que responda a las exigencias de un Estado moderno y en cuya aprobación se ejerza el control de convencionalidad. También falta aprobar leyes que fortalecerían la lucha contra la corrupción como la ley de colaboración eficaz, leyes que permitan acuerdos de lenidad y otras que han sido planteadas para impulsar la llegada de la CICIH (cada día más improbable).
Adicional a todas esas reformas legislativas, el país tambien debe hacer un esfuerzo concertado por PREVENIR la corrupción. Ya en ocasiones previas hemos comentado que está comprobado a nivel mundial que los esfuerzos por prevenir la corrupción son más eficaces que persistir únicamente en la persecución penal, sobre todo porque esta pocas veces logra reparar adecuadamente los daños causados. Las corrientes jurídicas globales se enfocan en crear sistemas de gestión de riesgos que ahora hasta pueden certificarse bajo normas reconocidas internacionalmente, por ejemplo, las normas ISO 37001 e ISO 37301. Se trata de sistemas de “compliance” o cumplimiento normativo, que exigen a las organizaciones un compromiso firme con la cultura de legalidad, la ética y la transparencia.
Sin embargo, para lograr que esos mecanismos sean ampliamente aceptados, es indispensable crear un entorno nacional que reconozca la importancia de la transparencia y que promueva comportamientos éticos, idealmente conformando un sistema nacional de integridad que abarque todos los sectores (públicos y privados) y la primacía de la legalidad. Cualquier agenda anticorrupción comprende la integridad, el acceso a la información, la transparencia, y la regulación que contribuye a la prevención y supervisión.
En enero de este año, en este mismo espacio, comentamos el instrumento denominado “Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (Entah)”, elaborado por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Undoc), el que contiene mecanismos que serían sumamente útiles para prevenir la corrupción: gobierno abierto, transparencia (municipal, fiscal, electoral, legislativa y en el sector infraestructura), acceso a la información pública, cultura de denuncia y promoción de la integridad, siendo esta última una tarea que implica considerable esfuerzo en educación. Lastimosamente, a pesar de haberse anunciado hace más de un año, el Poder Ejecutivo aún no la implementa.
Establecer una cultura que rechace toda forma de corrupción no ocurre de la noche a la mañana, es una tarea que exige dedicación intensa y permanente, debe ser metódica y sostenida, con la finalidad de construir un ambiente hostil para la deshonestidad y que permita recuperar la cultura de legalidad que perdimos desde hace mucho tiempo. La implementación de la Entah depende de la Presidenta de la República; cada día de atraso en su ejecución favorece la corrupción y la impunidad.
Correo: [email protected]
