Ante los signos de ingobernabilidad y anarquía que estamos viviendo actualmente los hondureños, y la amenaza del gobierno de instalar un régimen de socialismo del siglo XXI, muchos hondureños nos seguimos preguntando, sobre las instituciones públicas que han logrado en los países de América Latina (AL), defender los procesos democráticos de esas naciones.
Al respecto, las fuentes de información coinciden, que entre esas instituciones, que han jugado un papel importante en la defensa y fortalecimiento de la democracia de AL, se incluyen: los organismos electorales, cuando actúan con independencia, transparencia y eficiencia, para legitimar los procesos electorales; el Poder Judicial, sí garantiza el Estado de derecho y protegen los derechos ciudadanos; las defensorías del pueblo, cuando protegen los derechos humanos de los ciudadanos y garantizan la rendición de cuentas del gobierno; los organismos de transparencia y acceso a la información gubernamental, cuando cumplen su función de manera efectiva; los parlamentos, cuando son capaces de ejercer sus funciones de manera independiente y representativa, traducido en su capacidad de legislar, supervisar al Ejecutivo y representar efectivamente a la ciudadanía; los ministerios públicos y fiscalías efectivos, al actuar en forma independente y con integridad en la persecución de delitos; y que las Fuerzas Armadas y de seguridad, garanticen la estabilidad democrática.
Y en algunos países en particular, se agregan otras instituciones, como en el caso de Chile, los organismos contralores, reguladores y el Banco Central; la tradicional independencia de poderes en Uruguay y la poderosa fiscalía de Colombia; en Costa Rica, por su larga tradición democrática, todas sus instituciones públicas desempeñan un papel clave para garantizar y fortalecer la democracia.
Estas fuentes destacan que la fortaleza de la democracia no se limita a estas instituciones, sino que también depende de factores como la participación ciudadana, la libertad de prensa y de una sociedad civil activa.
Con estos antecedentes a nivel de AL, al compararlo con nuestra Honduras, mi percepción actual es la siguiente: los organismos electorales, desde 1982, en que se puso en vigencia la nueva Constitución, han tenido sus altos y sus bajos, con un desempeño aceptable en los últimos comicios de 2021; el Poder Judicial, como es nueva su Corte Suprema de Justicia, todavía no se le ha evaluado, y tampoco se ha puesto a prueba su desempeño, manteniéndose casi al margen de lo que estamos viviendo; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), realizan su función de una manera modesta, pero no están incidiendo en el acontecer nacional, y mucho menos en el fortalecimiento de la democracia del país; y las Fuerzas Armadas, que aparentemente se han vuelto seguidoras del partido de gobierno, como que ya no les interesa garantizarnos la estabilidad o alternabilidad democrática, siguiendo el ejemplo de su exjefe, el general Walter López Reyes, cuando evitó que el presidente Suazo Córdova, quiso romper el orden constitucional y prolongar su mandato en dos años más.
He dejado por último el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional (CN), que son los protagonistas de la forma depravada de gobernar que estamos viviendo los hondureños actualmente, violando la Constitución, interpretándola a su manera o actuando al estilo Maquiavelo. Que conste, el contubernio en esta forma de gobernar es del Ejecutivo y la junta directiva del CN y los diputados de Libre que representan apenas el 39% de ese poder Estado. No es normal lo que están haciendo, como el Decreto de Amnistía, darle vigencia al Decreto de Incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento sin haberlo ratificado por el CN, la publicación del anteproyecto de presupuesto 2024 en La Gaceta; y ahora que la directiva del CN mantuvo en receso maliciosamente a ese poder, hasta que se venció el período de sesiones ordinarias el pasado 31 de octubre, para nombrar a la Comisión Permanente con poderes omnipotentes, como para darse el lujo de nombrar al Fiscal y Fiscal Adjunto interinos -seguidores de Libre- por la incapacidad de esa directiva y de Libre para consensuar con la oposición el nombramiento permanente de estos funcionarios, vitales para el fortalecimiento del sistema democrático del país.
Creo que, ante tantos desaciertos intencionales, este es el CN más infortunado que hemos tenido en nuestra historia republicana. Ante la pretensión de Libre de destruir la débil institucionalidad pública, no cabe otra alternativa a que animemos a una mayor participación ciudadana, a una sociedad civil más organizada y beligerante; y a una mayor incidencia en la vida nacional de los medios y las redes sociales.
