Por: Rodolfo Dumas Castillo
La semana pasada se informó por diferentes medios, incluyendo los del Ministerio Público, sobre un supuesto ataque al interior del Tribunal Superior de Cuentas, cuyo objetivo parecía ser la “destrucción de información relacionada a finiquitos”. Al momento de escribir este artículo aún no se conocen detalles del evento, si es que este en realidad ocurrió y si efectivamente tenía como fin destruir información en poder de esa entidad. Lo que sí es evidente es que el TSC hace mucho dejó de ser un órgano que contribuye a la lucha contra la corrupción y más bien se convirtió en una instancia para consolidar muchos actos de deshonestidad de funcionarios públicos en perjuicio del pueblo hondureño. Todo ello con rango constitucional.
Nuestra Constitución le otorga al TSC funciones muy relevantes, incluyendo la posibilidad de pronunciarse sobre el presupuesto, su visión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público y, por supuesto, la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos públicos. Además, entre las funciones más importantes en cuanto al combate a la corrupción, le manda establecer un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos y la determinación del enriquecimiento ilícito. En ambas ha fracasado. Es oportuno aclarar que eso no es culpa de la Constitución ni significa que la solución sea disolver el TSC. En todo caso la meta debería ser que este cumpla con su mandato.
Es particularmente grave la incapacidad del Tribunal Superior de Cuentas para combatir eficazmente los delitos de enriquecimiento ilícito, lo que pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de su estructura y funciones. Sin embargo, eso implica un extenso proceso de reingeniería, reformas orgánicas y legales que llevaría demasiado tiempo y ya sabemos que en la lucha contra la corrupción el tiempo es un poderoso enemigo.
Teniendo en cuenta esa realidad y la urgencia que existe en nuestro país por combatir la corrupción en todas sus formas, se ha planteado la idea de una reforma constitucional que permita que el Ministerio Público persiga los delitos de enriquecimiento ilícito sin depender de los informes del TSC. Actualmente, el Ministerio Público se ve limitado por la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones del TSC, lo que se vio agravado por algunas normas incluidas en el Pacto de Impunidad. Ese retardo generalmente produce obstáculos significativos para lograr una justicia pronta y efectiva.
La reforma constitucional abriría la puerta a una mayor autonomía del Ministerio Público, permitiéndole iniciar y llevar a cabo investigaciones por cuenta propia en casos de enriquecimiento ilícito. Esto podría aumentar la eficacia en la persecución de este tipo de delitos, especialmente teniendo en cuenta que en estos casos una de las finalidades debe ser recuperar los recursos extraídos ilícitamente, para lo cual el tiempo es un factor fundamental. Poco le sirve al país tener cárceles llenas, pero sin recuperar los fondos que se pueden usar para educación, salud o inversión social.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta tremendos desafíos, empezando por el más obvio que es la necesidad de una reforma constitucional. La disfuncionalidad que exhibe actualmente el Poder Legislativo hace mucho más difícil cualquier iniciativa que requiera de mayorías calificadas. También es lógico suponer que existen personajes dentro del mismo Congreso que no querrán apoyarlas por mantener la impunidad de la que han gozado hasta hoy.
Complementariamente y como hemos expresado en otras ocasiones, este flagelo también se puede controlar con mecanismos que prevengan la corrupción. Hemos insistido especialmente con la implementación de sistemas de gestión de riesgos en el aparato estatal, es decir, sistemas de “compliance” público. Estos permitirían al Estado identificar, reducir y castigar eficazmente los riesgos que se presentan en la gestión pública, reduciendo las posibilidades de cohecho, tráfico de influencias y otras que normalmente se presentan cuando no existen estos sistemas.
En última instancia, la lucha contra el enriquecimiento ilícito en Honduras necesita una revisión integral. La propuesta de reforma constitucional para empoderar al Ministerio Público es solo un paso en este proceso. Se deben fortalecer las unidades técnicas especializadas en este tipo de delitos dentro de la Fiscalía y se requerirá de un diálogo amplio y colaborativo entre diferentes sectores de la sociedad para garantizar que cualquier cambio promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia en la persecución de estos delitos.
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