Comienza la declaración judicial de una excandidata del Movimiento Semilla en Guatemala
El exministro de Finanzas y uno de los fundadores del Movimiento Semilla, Alberto Fuentes Knight, salió de Guatemala y anunció su exilio debido a la persecución política que vive el partido de cara al balotaje por la presidencia del próximo 20 de agosto. (LASSERFOTO AFP)
Un juez guatemalteco dio inicio este martes a la primera declaración de la excandidata a diputada del Movimiento Semilla Marcela Blanco, en un caso en el que se involucra también al presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.
El juez Víctor Cruz, sancionado por Estados Unidos, empezó con el procedimiento judicial al final de la mañana de este martes, en la cual decidirá si imputa a Blanco y a otros cinco estudiantes y profesores universitarios detenidos.
Blanco está acusada por un supuesto caso de daños al patrimonio de la universidad estatal del país centroamericano, mismo señalamiento del Ministerio Público (Fiscalía) en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que le sea retirada su inmunidad.
La Fiscalía busca que Blanco, detenida desde el 16 de noviembre, sea procesada y continúe en prisión preventiva, mientras se investiga si tiene responsabilidad por los supuestos delitos de asociación ilícita, depredación de bienes y asociación ilícita.
Durante la audiencia, el juez Cruz verificó la presencia de los sindicados y atendió la solicitud de la Universidad de San Carlos que busca añadirse al proceso como demandante.
“Esto es una persecución política por denunciar la corrupción”, dijo a EFE Blanco, de 23 años, a su llegada a la torre de tribunales de la Ciudad de Guatemala previo al inicio del procedimiento en su contra.
De acuerdo con el juzgado a cargo del caso, el proceso para determinar si se liga a proceso a Blanco y los otros sindicados se extenderá durante el resto de la semana.
La Fiscalía también solicitó la captura de otras 22 personas que no han sido ubicadas y pidió retirar la inmunidad al presidente electo, Arévalo de León, y su vicepresidenta, Karin Herrera.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras Argueta, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha judicializado el proceso electoral de Guatemala e intentado cancelar el partido de Arévalo de León, así como revertir los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”. efe
