Obstáculo político en defensa y seguridad
Por: José A. San Martín F. *
Uno de los grandes problemas de muchísimos gobiernos es cuando la autoridad competente asigna o selecciona personas para que manejen o dirijan un campo específico en la administración pública. Delegar autoridad y su consecuente responsabilidad en profesionales que no tienen relación con la actividad especifica que se les concede, no garantiza que habrá éxito en su desempeño ni en sus resultados.
Sin embargo, en esta oportunidad únicamente queremos referirnos a las áreas de defensa y seguridad. En algunos gobiernos del reciente pasado la titularidad de estas secretarías de Estado recayó, por designación del Ejecutivo, sobre profesionales civiles que apenas conocían sobre estos temas. Esta circunstancia, obviamente, retrasó el buen funcionamiento de los importantes campos de la seguridad y defensa nacional. Nos atreveríamos a decir que los criterios bajo los cuales se tomaron estas trascendentes decisiones no fueron las apropiadas porque, como ha sido manifiesto, más han encajado con los intereses de los políticos del gobierno de turno, y no al interés nacional.
En la mayoría de los países, estos titulares son militares competentes en situación de activo o en la honrosa situación de retiro, incluso profesionales no militares, que han logrado obtener estudios especializados o posgrados y maestrías en los campos de defensa y seguridad. Las FFAA poseen entre su estructura organizativa el Colegio de Defensa Nacional (CDN) y la Universidad de la Defensa de Honduras (UDH) en donde se educan militares y profesionales civiles seleccionados para conocer de los distintos factores del poder nacional y el mejor empleo, político doctrinario, de las Fuerzas Armadas (FFAA y PN).
Naturalmente que la injerencia de los intereses de las instituciones políticas en estas actividades, en el correcto funcionamiento de las acciones que buscan la estabilidad interna y externa de la nación, nunca logran alcanzar, efectivamente y por obvias razones, los objetivos requeridos por el interés nacional. Esta práctica de designar a políticos, amigos o familiares en estos cargos debe cesar, para lograr alcanzar los objetivos que señala la norma constitucional y para bien de la tranquilidad del pueblo hondureño. Las instituciones de defensa y seguridad (FFAA y PN) deben actuar y conducirse de acuerdo con las normas que la ley les manda cumplir y nunca para favorecer los intereses que no sean los del bienestar y seguridad del pueblo hondureño. Utilizar a las instituciones responsables de la seguridad y defensa nacional para apoyar los intereses personales y grupales de políticos que están en el poder, solo provocan la proliferación del atraso y el subdesarrollo, más corrupción e incremento de las actividades delictivas.
Desde que inició nuestro ingreso a la democracia en 1982, posterior a los periodos de gobiernos militares, se seleccionaron a militares en los cargos de defensa y seguridad y no se experimentaron problemas de coordinación entre el mando político de la nación y la institución castrense, que, dicho sea de paso, la defensa y la seguridad se mantenía bajo la misma égida, concepto que debe ser reestudiado dada la congruencia de sus funciones. Si esta alianza de la defensa y la seguridad en el pasado causaba conflictos, se debió a problemas de organización y delegación de autoridad. Sin embargo, llegó la ocasión en que, para la representación del Ejecutivo en la institución militar, se designaron a profesionales lejos en la doctrina y mística de la función operativa militar que demanda la seguridad nacional. Estos provocaron muchos yerros en la conducción apropiada de las funciones operacionales que competen a la seguridad interna y externa de la nación. Tal vez la intención fue de buena fe, pero sí existieron muchas desavenencias entre el mando civil y el militar. Hubo desconfianzas, dudas y hasta engaños que provocaron que en ningún momento haya existido armonía en la conducción sincera y honesta de las actividades relacionadas con la defensa y la paz social.
La influencia del interés político ha venido prevaleciendo desde que los secretarios de defensa, y en algunas ocasiones el de seguridad, han venido desnaturalizando los objetivos específicos de estas áreas expresadas en la Carta Magna. Los políticos del gobierno de turno más han buscado, y lo siguen haciendo, el apoyo de las Fuerzas Armadas y de seguridad para sus propósitos políticos de mantenerse en el poder, y no los que demanda la ley y el interés nacional. Las secretarías de Defensa y Seguridad deben estar en manos de militares profesionales o civiles egresados del CDN o UDH, y dotarles la respectiva coraza legal que impida la injerencia de los intereses egoístas, perversos y corruptos de la política malsana.
*Cnel. de Aviación ®
Excomandante General FAH
