Por: Rodolfo Dumas Castillo
Son bastante conocidas las ideas que Javier Milei tiene sobre la economía y el rol del Estado en la vida de los ciudadanos, por lo que no sorprenden sus primeras declaraciones como presidente electo de Argentina: “Lo primero que vamos a estar definiendo es la reforma del Estado. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. No solamente por su tamaño elefantiásico que lo torna impagable, sino también por la maraña de regulaciones que se desprende de cada una de las oficinas estatales que entorpecen el funcionamiento de la economía”.
Si algo tienen en común los países latinoamericanos es que han logrado, a través del tiempo, construir aparatos estatales sobredimensionados, ineficientes y que representan una enorme carga para los sectores productivos. Como si eso no fuera suficiente, han establecido mecanismos burocráticos que se sostienen en base a una cultura de corrupción e impunidad que drena los recursos públicos en beneficio de unos pocos, debilitando también la competitividad nacional y regional. En el caso de Honduras se estima que se pierden aproximadamente L.70 mil millones al año por la corrupción. Lo difícil de cuantificar es cuánto pierde el país por las ineficiencias del Estado y la enorme cantidad de tiempo y recursos que se desperdician por el laberinto de trámites innecesarios y arcaicos que se exigen para diferentes actividades económicas.
En la búsqueda constante de mejorar la eficiencia y fomentar el crecimiento económico, Honduras se enfrenta al desafío de simplificar su aparato administrativo. Lo expuesto por Milei en Argentina no es nada nuevo, pues en este mismo espacio hemos escrito cantidad de artículos sobre el tema de la simplificación administrativa, proponiendo reformas puntuales y mecanismos que sirvan para modernizar el Estado. Lastimosamente para el país los avances son mínimos, mientras el resto del mundo, incluyendo nuestros vecinos, progresan rápidamente.
Para Honduras la simplificación administrativa podría ser clave para desbloquear el potencial económico, pues uno de los mayores obstáculos para su desarrollo es precisamente la complejidad de su sistema administrativo. No solo se trata del tamaño de la burocracia, sino también de las regulaciones que provienen de diversas oficinas estatales que, en lugar de facilitar la creación de negocios, sirven como obstáculo y desincentivan la formalización empresarial, afectando así la economía en general.
Un gobierno demasiado grande no solo es financieramente insostenible, sino que también tiende a generar ineficiencias y obstáculos burocráticos. La revisión y reducción de las estructuras gubernamentales superfluas pueden liberar recursos valiosos que podrían destinarse a iniciativas más productivas. En Honduras, por ejemplo, hemos sugerido que el Instituto de la Propiedad maneje su registro inmueble mediante acuerdos con las Cámaras de Comercio, tal como ya lo hacen con buen suceso con el Registro Mercantil, liberando esos recursos humanos, técnicos y financieros para atender la problemática de regulación predial que es vital para la seguridad jurídica del país.
La simplificación administrativa tiene como finalidad establecer trámites y procesos que sean claros, sencillos, transparentes y que eliminen la perniciosa discrecionalidad de la que gozan los funcionarios públicos para exigirle a los usuarios lo que se les ocurra para enredar, complicar o atrasar los procedimientos, todo ello campo fértil para la corrupción. También implica eliminar una enorme cantidad de trámites innecesarios y requisitos absurdos. En este mismo espacio expusimos el principio de “solo una vez” mediante el cual el estado solo puede pedir información a los ciudadanos o empresas una vez, quedando esta en una base de datos y evitando así tener que presentar la misma información una y otra vez.
La revisión y eliminación de regulaciones obsoletas, la simplificación de procedimientos y la digitalización de trámites son medidas concretas que pueden facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas. En Honduras la simplificación administrativa es una tarea apremiante. Igual de urgente es la descentralización de muchos servicios públicos, que a este día siguen obligando a los usuarios del resto del país a gestionarlas en Tegucigalpa. La revisión de la burocracia y la simplificación de regulaciones deben ser prioridades, respaldadas por la transparencia y la rendición de cuentas. Solo a través de una administración eficiente y efectiva, Honduras podrá liberar su verdadero potencial y construir un futuro próspero.
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