En responsabilidad incurre el Estado ante impunidad en matanza en cárcel femenina
Unas 46 mujeres privadas de libertad fueron masacradas en junio pasado, crimen que se mantiene en la impunidad.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que el Estado hondureño incurre en responsabilidad por la falta de una investigación efectiva que permita identificar a los autores de la masacre en la que perdieron la vida violentamente 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el 20 de junio de 2023.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que las aseveraciones de la subsecretaria de Seguridad podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado de Honduras respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos que derivan en graves violaciones a los derechos humanos y de potenciales ejecuciones extrajudiciales de mujeres bajo su custodia.
De acuerdo con la versión de la subsecretaria de Seguridad, de los 120 casquillos de 9×19 milímetros percutidos, 119 de ellos tendrían grabado “IMI-PN”, cuyo significado sería “Industria Militar Israelí”, asignados a la Policía Nacional de Honduras.
Villanueva denunció que 15 balas de 9 milímetros recuperadas se relacionan técnicamente con las balas patrón de las armas decomisadas en la escena del crimen casquillo 9 milímetros de pistola tipo sub ametralladora (IMI-17PN), que coincide con la munición asignada a los agentes policiales.
COMPROMISO Y VALENTÍA
“Debo reconocer el compromiso y la valentía de la viceministra, al hacer pública esta información, otro funcionario bien lo pudo haber ocultado”, declaró la defensora de los derechos humanos.
Agregó que “esa es una manifestación de su compromiso y el interés para que esta investigación sea efectiva y se pueda deducir responsabilidad a los autores materiales e intelectuales, si existieran en este caso”.
Izaguirre recordó que el Estado hondureño ha sido condenado en cinco o en seis ocasiones por ejecuciones extrajudiciales, que son esas muertes que se dan de forma arbitraria o deliberada por parte de una autoridad.
Sobre la muerte violenta de las privadas de libertad expresó que el Estado hondureño tiene la obligación, como garante de la seguridad de las personas que están bajo su custodia, lo cual acarrearía su compromiso.
Recordó lo establecido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en sus sentencias, sobre la responsabilidad del Estado por no haber llevado a cabo una investigación efectiva.
El Estado de Honduras incurriría en esa responsabilidad porque habría una aceptación tácita de que efectivamente hubo participación de agentes del orden en esta masacre de 46 mujeres en el PNFAS.
DATOS
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, instó al Ministerio Público (MP) a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de la debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que el MP tiene el monopolio de la acción penal y que, como institución independiente y autónoma, debe hacer las investigaciones que corresponden y, en las mismas, debe primar el principio de objetividad.
POR BLOQUEO
Autoridades incurren en delito de desobediencia
El 20 de junio del 2023, personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de la Defensoría de la Mujer y de los Privados de Libertad se apersonaron a la Penitenciaría Nacional para poder constatar los hechos acaecidos, sin embargo, hubo bloqueos y entorpecimientos por parte de la Policía, que no le permitió el acceso al centro penitenciario.
Asimismo, desde esa fecha se hizo una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad que aún no da respuesta.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, hizo énfasis en que la negligencia del funcionario o la no obediencia de entregar información o de no permitir el acceso de personal del Conadeh a un centro de detención, centro penal o cualquier otra institución, es constitutivo del delito de desobediencia.
TRAS DENUNCIA
Estado hondureño debe proteger a viceministra
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, dijo tener conocimiento que la doctora Julissa Villanueva tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo tanto, hay una doble y acentuada obligación del Estado hondureño en protegerla.
Expresó que “sabemos lo que implica que, públicamente, ella haya revelado esa información, sobre todo, porque hay mandos en la Policía superiores a ella”.
“El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene las puertas abiertas y se lo hemos hecho saber si ella quisiera presentar la queja”, agregó.
