Por: Juan Alberto Lara Bueso*
En seguimiento a mi artículo “La CICIH en el régimen constitucional”, publicado en este diario LA TRIBUNA el 20-5-2023, me permitiré hacer un recuento de la ruta tomada del gobierno de Honduras para la instalación de un eventual “Mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad”, término utilizado por las Naciones Unidas.
La ruta se inicia cuando la Presidente Xiomara Castro envío una carta fechada el 14 de febrero de 2022 al Secretario General de la ONU, solicitándole la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, como una de las promesas de su campaña política.
La ONU ha enviado este año al país tres misiones de expertos, para discutir con la comisión del gobierno, los procedimientos, términos y condiciones previas, planteando la necesidad de derogar y reformar aquellas disposiciones constitucionales y otras leyes que impiden combatir la corrupción e impunidad. Como principal trabajo conjunto, aprobaron el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo, firmado el 15 de diciembre de 2022 con vigencia de seis meses prorrogables. En efecto, lo fue por un semestre más, venciendo el próximo 15 de diciembre. El memorándum contempla entre otros puntos “Identificar, en coordinación con el gobierno, las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación”.
En el sentido anterior, el Congreso Nacional derogó la ley del fondo departamental otorgado a los diputados para “obras de beneficio público y social”. No obstante, su presidente continúa entregando estos fondos bajo las figuras de subsidios y subvenciones, amparado en el artículo 205, numeral 37 constitucional, y, condicionado a la lealtad de muchos congresistas especialmente oficialistas. Ya una diputada presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre estas irregularidades. Igualmente derogó las leyes de secretos, de lavado de activos y el decreto que limitaba la acción del MP en casos de corrupción. No han sido aprobadas, la ley de colaboración eficaz, ni otras reformas legales y constitucionales. Asimismo, expertos de la ONU han solicitado al CN, si existen proyectos de reforma o derogación de la Ley de Reconstrucción del Estado de Derecho, en relación a la aplicación de la amnistía.
El 18 de septiembre de 2023, el gobierno de Honduras presentó a las Naciones Unidas, una propuesta del convenio para la instalación del mecanismo internacional (CICIH). Algunas personas y sectores sociales han requerido conocer su texto, pero de acuerdo a las prácticas en las negociaciones de instrumentos internacionales, las partes pueden acordar la confidencialidad de los textos que están negociando, como es el presente caso. Aun no se conoce si la ONU ha dado alguna respuesta de su aceptación, o de una contrapropuesta a la misma.
Casi simultáneamente, a final de octubre pasado se originó la crisis en el CN, cuando el periodo de sesiones ordinarias no fue clausurado ni prorrogado por la junta directiva, como corresponde constitucionalmente; al contrario, integró una Comisión Permanente, que a la vez eligió a los fiscales general y adjunto, interinamente. De acuerdo a mi opinión dada también por juristas, analistas y hasta de organismos internacionales, dichas actuaciones son inconstitucionales. Además, esta crisis está ocasionando perjuicios y atrasos para la creación de la llamada CICIH, ya que no pueden aprobarse, reformarse ni derogarse leyes solicitadas por la ONU, incluyendo la aprobación del convenio propuesto por el gobierno.
Haciendo las valoraciones sobre lo sucedido en el CN, el Partido Libre con la elección de los fiscales interinos, está satisfecho porque posee un MP a su medida de un traje sastre, para que solamente presente requerimientos fiscales contra personas contrarias y opositoras y no a miembros de su partido, como está sucediendo. En cambio, si existiera una comisión o mecanismo internacional autónomo, imparcial e independiente, actuaría contra cualquier persona imputada sin importar si son del gobierno, de la oposición, o de otros sectores. Por esta razón, los poderes Ejecutivo y Legislativo – oficialista -, se fueron con la estrategia de la crisis en el CN, para desviar la ruta de la CICIH y se esfume en el tiempo.
Las Naciones Unidas, dada la falta de aprobación, reforma o derogación de un número de disposiciones legales que ha solicitado, así como la crisis del CN con el nombramiento de fiscales interinos, está o estará valorando sus juicios antes de presentar respuestas al gobierno sobre el mecanismo de apoyo.
Y como última noticia, al correr el tiempo que el gobierno había prometido para que funcionara una comisión externa anticorrupción, el secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor declaró que “La instalación de la CICIH, demorará varios años porque es un proceso a largo plazo”. Inversamente, el secretario de Transparencia Edmundo Orellana había declarado que “Hasta febrero a marzo del siguiente año (2024) es que existe la posibilidad de la instalación de la CICIH”. Y el canciller Enrique Reina informó que “La CICIH sí llegará a Honduras este año 2023”.
Concluyendo, en esta vorágine de sucesos premeditados, para bien de algunos fragmentos interesados, pero para males del país, pareciera que la CICIH la están conduciendo por la antigua “Ruta de la Seda China”, abierta allá por el siglo I a. C. Y solo nos queda esperar unas navidades en paz y un año nuevo de esperanzas. Que así sea.
*Embajador en retiro.
