EL desempleo, como es sabido desde tiempos inmemoriales, es generador de diversos esquemas y problemas: La violencia, los asaltos a los negocios grandes y pequeños, las migraciones más o menos masivas, las hambrunas, la pérdida de dignidad, el resurgimiento de los “mercados negros” o paralelos, y hasta el rejuvenecimiento, en los tiempos contemporáneos, del añejo debate del concepto keynesiano de “pleno empleo”, como una aspiración legítima de los gobiernos equilibrados y con genuina sensibilidad humana, al margen del submodelo económico que hayan elegido. Pero también se sabe, desde los comienzos de las civilizaciones, que al destruir los aparatos productivos se destruyen a su vez las posibilidades de conseguir empleos, ya sean estatales, privados o mixtos. Por eso en las guerras lo primero que se busca es destruir la capacidad del “Estado”, la dignidad de la persona humana y el comercio de las naciones agredidas, por motivos internos o externos.
Las discusiones abiertas en otros países, lo mismo que los informes ministeriales y de los organismos especializados en temas de crecimiento económico y en los niveles de vida real de las sociedades desarrolladas, medianas y atrasadas, por muy diferentes que sean los países de que se trate, por regla general hay coincidencia en el crucial asunto del empleo y el desempleo. Se afirma, por ejemplo, como indicador positivo, que en tal país disminuyó el desempleo en un porcentaje considerable. O que, por el contrario, el desempleo como factor negativo, ha estrangulado al pueblo de cualquier subregión del mundo. Y se agrega, además, que el bajo poder adquisitivo de una moneda nacional o extranjera lacera la salud de las familias de un país determinado, ya sea por inflación extrema, por carestía de productos (aquí reaparece la ley de la oferta y la demanda), por violencia generalizada y la consiguiente destrucción del aparato productivo de base, que debiera ser fabricante de empleos.
En resumen, resulta incomprensible que en ciertos países y momentos, a veces cercanos o lejanos en el tiempo, se acorrale incluso a los “microproductores” y “microcomerciantes”, llevándose de encuentro, inclusive, a los que desempeñan profesiones “liberales”, académicas o individualizadas, acciones con las cuales se genera incertidumbre y más desempleo del ya existente. Varios gobiernos, por el contrario, expanden la inversión social e incentivan las economías productivas mediante la disminución (o eliminación) de impuestos innecesarios a las pequeñas empresas en los diversos puntos cardinales de sus respectivos países. Expanden inversiones estatales en infraestructura física (carreteras modernas, puentes y ferrocarriles) con el fin de generar empleos masivos, rurales y urbanos, en puntos neurálgicos de la economía y las finanzas. Igualmente respetan a los segmentos de la clase media, que es la amortiguadora de los conflictos sociales. Y es que los altos índices de desempleo socavan la legitimidad y la sustancia real de cualquier democracia. Aquí conviene puntualizar, por otro lado, que hay impuestos racionales que son sumamente necesarios; o indispensables.
Resulta completamente claro que los estadistas de las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, sopesan la grave problemática multifactorial del desempleo y de los “parados” como un asunto de primera prioridad nacional, por lo que se ha vuelto urgente abandonar aquellos lenguajes de moda en las décadas del ochenta y del noventa, que preconizaban un supuesto “fin de la historia” y que atentaban, directa o indirectamente, contra las poblaciones económicamente activas en general, y contra los estratos medios en particular. Hoy se necesitan estrategias realistas y operativas por doquier.
