En libertad se defenderá expresidente “Pepe” Lobo
Los encausados en el caso Pandora II quedaron con medidas distintas a la detención judicial, la audiencia quedó para enero del próximo año.
El juez Natural Walter Miranda, realizó ayer la audiencia de declaración de imputado, en la causa instruida contra el expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, acusado de fraude.
Asimismo, se le imputa al extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude, por este último se giró orden de captura por no haberse presentado a la audiencia.
Otro de los implicados es el expresidente Juan Orlando Hernández acusado por fraude, así como por el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.
Esta acusación es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el caso denominado “Pandora II”.
Minutos antes de ingresar a la Sala seis del Tribunal de Sentencia donde se lleva a cabo la audiencia en mención, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, detalló que “el requerimiento contiene el delito de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y lavado de activos, y es contra ocho encausados a excepción de Juan Orlando, no porque está guardando prisión en el extranjero”.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, informó que las partes procesales solicitaron que se dicte medidas distintas a la detención judicial, por lo que piden que se interponga medidas como la prohibición de salir del país, que se rinda caución a partir de una fianza, firmar periódicamente dos veces a la semana ante la Secretaría del Juzgado, presentar un informe, también por motivos de trabajo y salud que se les permita poder salir del país, entre otros.
Al mismo tiempo, presentaron arraigos y caución por la mayoría de los imputados que se trata de bienes inmuebles, así como la solicitud de medidas distintas a la detención judicial.
En su resolución, el juez natural a petición de partes procesales, dictó medidas distintas a la detención judicial a los seis imputados que se presentaron a audiencia.
Entre las medidas que cumplirán los encausados se encuentran la prohibición de salir del país, firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de seis millones de lempiras.
Al mismo tiempo, dejó fijada la audiencia inicial para el 10 de enero del otro año.
A su salida el fiscal de la Uferco, indicó que el juez concedió tres de las cinco medidas y analizan si interponen o no algún recurso.
Por motivos de salud a dos de los encausados se les permitirá salir del país, siempre y cuando informen al respecto al juez que conoce esta causa.
El caso que fue presentado ante la secretaría general de la CSJ el pasado 11 de octubre, se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Uferco, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias según dijo el MP tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
También las investigaciones de la Uferco determinaron que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la condición del expresidente, Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
En esta causa, el juez de Letras Designado, emitió dos órdenes de captura, ya que no fue localizado el sindicado David Ortiz Hawit y el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, este último se encuentra preso en los Estados Unidos. (XM)
DATO:
Las medidas impuestas por el magistrado, Walter Miranda Sabio, que actúo como juez de Letras Natural de la causa son: Prohibición de salir del país, rendir caución en favor del Estado por seis millones de lempiras y firmar cada 15 días en la Corte Suprema de Justicia.
