Reabren caso “Red de Diputados” y salpica a 5 por fraude de L42 millones

El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal por un fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.

Entre los detenidos se encuentra la exdiputada nacionalista por el departamento de El Paraíso, Sara Ismela Medina Galo, en la actualidad labora en la corporación municipal de Danlí, El Paraíso.

Otro de los capturados es el exdiputado suplente del Partido Nacional, por el departamento de Copán, Carlos Roberto Guevara Velásquez y quien actualmente labora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El excongresista por el departamento de Choluteca y director del Consejo Nacional Superior de Cooperativistas (Consucoop), Fredy Espinoza Mondragón.

También, el exdiputado de Intibucá, Miguel Ángel Gámez.

La excongresista del departamento de Choluteca, Gladys Bernarda Casco Cruz, estos dos últimos según lo que detalla el Requerimiento fiscal, son empleados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Sin embargo, al trascender lo anterior, el propio Injupemp confirmó mediante un comunicado que ellos no son empleados.

Asimismo, en este proceso judicial, es acusado el exsecretario general del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), José Rogelio Sánchez García, así como el encausado Geovanny Castellanos Deras.

“Se ha presentado en el mismo caso que se investiga el caso Red de Diputados que data del 2017, pues se ha concluido una línea y se presentó ante los Tribunales”, detalló el jefe de la Uferco, fiscal Luis Javier Santos.

Asimismo, “el caso Red de Diputados siempre ha estado en investigación, lo que no hemos tenido es el suficiente personal para poder sacar los casos de manera ágil como la población exige, pero nosotros siempre seguimos investigando”.

“En toda la línea Red de Diputados saldrán diputados actuales o exdiputados porque manejaron lo que se denomina el fondo departamental fueron personas que formaron parte del Congreso”, indicó.

Aparte de los diputados, la acusación incluye a dos personas más que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42 millones 500 mil lempiras (L42,500,000.00) de las arcas del CN a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih).

De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.

En este caso, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.

El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la Ajopadih y las mismas se acreditaron en un período de seis meses.

Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación. (XM)