Detención judicial para dos exdiputados y exsecretario del INFOP por caso “Red de Diputado”
Los exdiputados Sara Ismela Medina Galo, Carlos Roberto Guevara Velásquez y exsecretario general de INFOP, José Rogelio Sánchez García, acusados de fraude.
El juez en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a los exdiputados Sara Ismela Medina Galo y Carlos Roberto Guevara Velásquez, acusados de los delitos de fraude.
Asimismo, le dictaron la misma medida al encausado y exsecretario general de Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), José Rogelio Sánchez García, también acusado por fraude.
La audiencia inicial se agendó para el sábado 16 de diciembre y los imputados fueron remitidos al Centro Penitenciario de Támara.
Lo anterior fue confirmado por la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, a eso de las 12:30 de la madrugada de ayer jueves.
Los tres encausados fueron detenidos por la Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), el miércoles pasado.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal por un fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
Otros de los encausados que figuran dentro de la acusación es el excongresista por el departamento de Choluteca y director del Consejo Nacional Superior de Cooperativistas (Consucoop) Fredy Espinoza Mondragón; el exdiputado de Intibucá, Miguel Ángel Gámez; la exparlamentaria del departamento de Choluteca, Gladys Bernarda Casco Cruz, estos dos últimos según lo que detalla el requerimiento fiscal son empleados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y el señor Geovanny Castellanos Deras.
Sin embargo, al trascender lo anterior, el propio INJUPEMP confirmó mediante un comunicado que ellos no son empleados.
Aparte de los exparlamentarios, la acusación que incluye a dos personas particulares que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, indica que presuntamente se confabularon con los excongresistas para drenar más de 42 millones 500 mil lempiras (L42,500,000.00) de las arcas del CN a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
De acuerdo con el requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONG, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
En este caso, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
Mientras tanto, para los encausados que faltan por someterse al proceso judicial que se emprendió en su contra, las órdenes de captura continúan vigentes, listas para ser ejecutadas por los cuerpos de seguridad del país. (XM)
